Desde DP World han optado por iniciar un nuevo proceso de arbitraje para proteger sus intereses, lograr que los contratos sean declarados “válidos y vinculantes” y que el Gobierno ceje en su “conducta ilegal”, para poder seguir adelante con una cooperación que ha creado “cientos de millones de dólares en beneficios directos e indirectos” a Djibouti y que ha mejorado su atractivo como “foco de inversión en África Oriental”