La lucha contra la morosidad nace legislativamente con la ley 3/04 de 29 de diciembre, estableciendo unos plazos de pago y una fijación de interese elevados, así como el derecho a una indemnización para el perjudicado en el retraso del pago. Sin embargo, tal ley, tuvo un gran obstáculo, plasmado en la propia ley, cual era que los plazos máximos de pago por los servicios prestados estaban condicionados a “salvo pacto entre las partes”, con lo cual perdía toda su eficacia.