La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en sus artículos 37 y 38 establece la obligación de acudir a las Juntas Arbitrales de Transporte para dilucidar aquellas cuestiones que se puedan ocasionar en relación con el transporte terrestre nacional, cuando la cuantía de la reclamación no exceda de 15.000 €.