El pasado mes de octubre entró en vigor la controvertida Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). Dicha Ley ha contado con una fuerte oposición por parte de algunos sectores al considerar que en cierto modo restringe el derecho a la información y comunicación por solicitarse, en determinadas ocasiones, que deba de producirse una autorización para la remisión de información.