Llevamos ya cierto tiempo con la incertidumbre de hacia dónde va la estiba. La Ley de Puertos de 2003 fue el inicio de esta situación, al contemplar en su articulado la transformación de las Sociedades de Estiba en Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIE). La importancia o la trascendencia de este cambio radica principalmente en la salida del capital social de las Autoridades Portuarias de las Sociedades de Estiba, ya que hasta ahora, y a pesar de que el capital debería haber pasado a la empresa privada, continúan teniendo el 51% de dichas sociedades.

La citada Ley aludida, aprobada en su día por el Gobierno del Partido Popular, establecía un período de un año para transformar las Sociedades de Estiba en agrupaciones portuarias, período que fue ampliado en un año más por el nuevo Gobierno, tras acceder al poder el Partido Socialista y no comulgar con el contenido de este texto. Tras varios intentos de modificar la ley, sin contar con el apoyo necesario en las Cortes, ha transcurrido el plazo sin que se actuara en consecuencia, es decir, sin constituir las APIEs.

Por otro lado, las partes patronal y social han estado negociando la actualización del IV Acuerdo Marco, una vez finalizado el plazo de vigencia del anterior, sin que en esta ocasión participara Puertos del Estado tras su negativa a formar parte de unas negociaciones que no le afectaban. Sin embargo, sí participaron en acuerdos anteriores, al margen del color del Gobierno en ese momento.

Una vez firmado el IV Acuerdo Marco entre la parte empresarial, defínase como ANESCO, y la parte social, Coordinadora, Puertos del Estado denunció la invalidez del mismo argumentando, por un lado, que no estaban representadas todas las partes interesadas en la mesa negociadora y, por otro, que parte del contenido del convenio no se ajustaba a las leyes actuales.

Esta situación descrita puede que no sea la que ha motivado el preaviso de huelga de Coordinadora en todos los puertos españoles para que se constituyan las APIEs, por entender que la situación actual de las sociedades de estiba es ilegal por cuenta que ya se han cumplido todos los plazos legales para su transformación en APIEs, sino para que se cumpla la Ley. Lo que si es cierto es que hay un preaviso y que de no constituirse estas agrupaciones, que parece ser que ya avanzan en los principales puertos, se producirá un paro de todos los puertos de interés general.

Ante este conflicto de intereses, las opiniones de los actores de la comunidad portuaria son variopintas. Unos opinan que es un pulso entre Puertos del Estado y Coordinadora, en el que cada uno presiona por mantener el estatus en el sistema portuario. Uno, el conseguido tras las negociaciones del IV Acuerdo Marco y otro, en mantener la situación actual hasta que pasen las elecciones y ver si se consiguen los apoyos suficientes en el Congreso para llevar a cago la modificación de la actual Ley, que supondría el mantenimiento de las actuales sociedades de estiba. Se trata de un borrador que no ha entrado en el Parlamento en esta legislatura por no tener el apoyo de otros partidos político, que aglutinarán la mayoría para su aprobación.

Todo esto es lo que genera incertidumbre en los diferentes colectivos que componen la comunidad portuaria, máxime cuando no se sabe cuál es la postura de la patronal ante esta situación.