El Colegio de Agentes de Aduanas de Valencia celebraba el pasado martes una Junta General en el que se destacó la “preocupación” del colectivo por los últimos conflictos en materia de transportes que se han venido produciendo en el puerto de Valencia durante las últimas semanas.

Imagen de la última Junta General del Colegio de Agentes de Aduanas

Desde el Colegio destacan que “es muy importante que este tipo de situaciones se resuelvan rápido para evitar que tenga consecuencias muy negativas para el puerto”, no obstante, se reconoce “la gran diferencia económica entre lo que se paga al transportista y lo que paga el receptor”, aunque advierten “de la necesidad, por el bien de todos, de no infringir la ley de la defensa de la competencia” y de la obligatoriedad de “admitir que la situación económica ha cambiado, tiene sus consecuencias, y si antes no sobraba flota, ahora sí”.

Ante esta situación, alegan también que hasta ahora, algunos sectores han actuado “si no como monopolio, casi, y, tiene sus consecuencias: la gente externa al sector acaba pensando acerca de la fuerte especulación existente. El sector está sobredimensionado”.

Finalmente, los profesionales aduaneros explican que “al fin y al cabo, nosotros somos espectadores pasivos y únicamente somos pagadores”.

Real Decreto 335
Otro de los temas que se trataron en la Junta es el nombrado Real Decreto 335 que regula la profesión aduanera e introduce destacados cambios “que no son aceptados por todos nosotros”. De hecho, Emilio Guardiola, secretario del Colegio de Agentes de Valencia, informó de la reunión del Pleno General celebrado en Madrid y destacó que se ha acordado enviar al Tribunal Supremo (TS) la norma “además de solicitar su suspensión porque, si finalmente se aplica, creará perjuicios irreparables para todos nosotros” por unanimidad. En el Pleno celebrado en Madrid también se acordó incorporarse a los Estatutos las modificaciones necesarias de las recientes leyes aprobadas.

Finalmente, Enrique Silvestre, letrado asesor del Colegio, dió a cuenta de las modificaciones de tipo legal que han realizado. En primer lugar, la devolución, por parte de los Agentes de Aduanas, del IVA reembolsado por el cliente. En segundo lugar, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ) que anula una resolución del TEAR, que, a su vez, confirmó una sanción de la aduana (violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia). En tercer lugar, la Junta aprobó el proyecto redactado por el letrado referente a una nueva ley.