La Comisión de Transportes e Infraestructuras de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia se reunió el pasado martes para analizar, entre otros temas, el Proyecto de Ley del Sector Ferroviario, que actualmente se está tramitando en el Senado después de que el leno del Congreso lo aprobara el pasado mes de julio.

Este Proyecto de Ley incorpora al Derecho español las tres Directivas comunitarias denominadas “paquete ferrvoario”, que exigen a los estados miembros separar la explotación de los servicios de transporte ferroviario y la administración de la infraestructura. Además, estas normativas obligan a los estados miembros a la apertura de sus redes ferroviarias a las empresas que presten servicios de transporte internacional. Trasladado a la legislación española, para alcanza estos objetivos la ley establece que la administración de las infraestructuras ferroviarias será competencia de Renfe, que pasará a denominarse Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que integra además al GIF.

Por otra parte, nace una nueva entidad pública emprearial denominada Renfe-Operadora como empresa prestadora del servicio de transporte ferroviario. La norma prevé también la creación de un Comité de Regulación Ferroviaria para la resolución de conflictos. Esta figura se integra en el Ministerio de Fomento y entre sus funciones están la de salvaguardar la oferta en la prestación de los servicios sobre Red Ferroviaria de Interés General, garantizar la igualdad entre empresas pública y previadas y velar porque los cánones cumplan lo dispuesto en la ley.

El quinto de los siete puntos que contempla el Proyecto se refiere precisamente al régimen económico y tributario. En este sentido, se establece una tasa por el otorgamiento de las licencias, fijada en 10.000 euros, y su expedición, ampliación y renovación (5.000 euros), así como una tasa de seguridad por la prestación del servicio de vigilancia y control de accesos y una tasa por la utilización de las infraestructuras ferroviarias. Respecto a las tarifas que cobrarán las empresas que presten el servicio tendrán la consideración de precios privados y se aprobarán anualmente por el ADIF, que las remitirá al Ministerio de Fomento.

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En otro orden de cosas, la Comisión de Transportes e Infraestructuras analizó la nueva Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, aprobada el pasado 25 de septiembre por el Pleno del Congreso de los Diputados.

Son dos las principales novedades que representa la normativa: tipifica nuevas infracciones e incrementa las sanciones y amplía en ámbito de actuación de las Junta Arbitrales. En relación a este último aspecto, la competencia de las Juntas, que actualmente alcanza a aquellas controversias en las que la cuantía no excede de 3.000 euros, se amplía su competencia hasta los casos en que se trata de 6.000 euros.

Por otra parte, surgen nuevas faltas muy graves, como el incumplimiento de obligaciones fiscales y socio-laborales, el quebrantamiento de la orden de paralización del vehícuños y la carga y descarga por el conductor cuando reglamentariamente se prohiba. Además, otras faltas graves han pasado también a ser de carácter muy grave: falsificación de documentos para obtener autorizacions, alteraciones del tacógrafo y carencia de tacógrafo, entre otras.