Con motivo del acto de conciliación entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo sobre la Directiva Europea que se llevó a cabo ayer, CC.OO y UGT, conjuntamente con el resto de sindicatos europeos pertenecientes a ITF-ETF, convocaron una Asamblea Informativa en el Edificio del Reloj, a la que asistieron trabajadores de la Autoridad Portuaria y portuarios.

Para informar a los presentes de los motivos de esta Asamblea y del contenido de la Directiva Europea, al igual que la Ley de Puertos española, estaban presentes José Antonio Moreno, presidente del Comité de Empresa de la APV, Joaquín Martínez, secretario de organizaciones estatal de puertos, aduanas y consignatarios, y Antonio Escobar, representante de CC.OO.

Los puntos más polémicos de esta directiva son la autoasistencia y la liberalización de los servicio portuarios, que según destacó ayer Martínez: “provocan un deterioro en la seguridad, el empleo y la formación de los trabajadores relacionados con el puerto”.

Al respecto, se distribuyó un comunicado entre los presentes donde se señalaba que los citados sindicatos no asumirán “la desregulación y eliminación de tareas de un colectivo especializado como es el estibador portuario, y que encuentran intolerable que se renuncie a la tutela pública de los servicios portuarios”, ya que según este comunicado, “se pone en peligro la propia calidad de los mismos y se está introduciendo en este sector, la inestabilidad laboral hasta hoara prácticamente inexistente”.

Asimismo, en el caso español y en el de ayer en el puerto de Valencia, en esta Asamblea también se reivindicó la oposisión a la Ley de Régimen Económico y Servicios Portuarios que según las palabras de Ignacio Martínez, el Gobierno español quiere implantar a finales de este año.

Esta Asamblea se enmarca dentro de una semana de acción que ha sido convocada por ITF en todos los países miembros en la que se llevarán a cabo diversas acciones de protesta en todos los puertos de estos países.

Según el comunicado, esta semana de acción tiene como objetivo: “manifestar con total rotundidad nuestra repulsa y rechazo ante una ordenación que, de aprobarse, provocará una profunda y absoluta desregulación del sector”.

En un principio, los sindicatos convocantes no se han decidido a tomar acciones más contundentes contra estas normativas, aunque no se descartan en un futuro.