Los sindicatos Coordinadora de Trabajadores del Mar, Confederación General del Trabajo (CGT), Intersindical Canaria (IC), Confederación Intersindical Gallega (CIG) y Corriente Sindical de Izquierda (CSI) presentaron ayer un preaviso ante la Dirección General de Trabajo mediante el cual se convoca huelga entre las 08,00 horas del día 28 de abril y las 08 horas del día 1 de mayo, de no llegarse a un acuerdo. Por su parte, los sindicatos CC.OO. y UGT no se han adherido a esta convocatoria conjunta.

El preaviso se presentó tras la reunión que mantuvo ayer la Mesa de Unidad de Acción Sindical y con motivo de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de Régimen Económico y Servicios Portuarios.

Motivos
Según consta en este preaviso, los sindicatos citados consideran que el texto modifica el régimen económico de los puertos de interés general, privatiza el servicio portuario de estiba y modifica la relación laboral de los estibadores portuarios con la excusa de actuar bajo las orientaciones de la Unión Europea. En este sentido, los sindicatos convocantes consideran que el sistema portuario español es uno de los más rentables y competitivos, con importantes índices de crecimiento en los últimos años. Según el preaviso este crecimiento ha sido posible gracias a un proceso de modernización de infraestructuras y a Acuerdos Marco que han

“Desde el puntode vista de la estiba y desestiba de buques - continúa el texto -, el Proyecto incurre al igual que los anteproyectos de ley en graves errores de análisis y, en consecuencia, las alternativas que presentan adolecen de viabilidad, afectando sustancialmente al contenido de los convenios y acuerdos laborales en vigor, mediante el establecimiento de instrumentos que atentan a la existencia de los colectivos profesionales portuarios”.

Para estos sindicatos, a pesar de las ofertas de negociación por parte de Puertos del Estado, la aprobación del Proyecto por parte del consejo confirma y justifica los preavisos y convocatorias anteriores.

Exigencias
Con todo estos, las organizaciones sindicales solicitan que se paralice la tramitación del texto hasta la aprobación de la Directiva Europea, así como un compromiso por parte de ANESCO de no modificar el marco de relaciones laborales en el sector y que se constituya una mesa de negociación para analizar la situación del sector y la necesidad de introducir nuevas normas legales.