El Consejo General de Cámaras de Cataluña, la patronal CECOT y el RACC manifiestan su absoluta oposición a la posibilidad que el Gobierno Central prorrogue las concesiones a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje para compensar la disminución de ingresos provocada por la crisis de la Covid-19.

Hay que recordar que esta medida fue descartada por el ministro de Transportes, José Luís Ábalos, el pasado mas de abril y, sorprendentemente, y según publican algunos medios de comunicación, ahora se recupera para ayudar las cuentas de explotación de unas empresas concesionarias que, gracias al negocio de las autopistas, presentan año tras año unos beneficios enormes.

Paradójicamente, el alargamiento de los peajes menguaría significativamente la competitividad de nuestro tejido productivo ante un escenario de reactivación que todo hace prever que será largo y llevar y donde tener que afrontar el coste de los peajes hace que el camino todavía haga más subida para las empresas catalanas y para los ciudadanos, con el consecuente impacto negativo para su renta disponible.

Por lo tanto, si finalmente esta prórroga a las concesionarias sale adelante, el Estado demostraría más sensibilidad hacia estas grandes concesionarias que hacia los ciudadanos y el tejido empresarial, mayoritariamente formado por pymes. Y constituiría un nuevo agravio que se añadiría al que históricamente ha venido sufriendo Cataluña en el ámbito de los peajes.

Los organismos que emitimos este comunicado ya dirigieron una carta al ministro el pasado 30 de abril en el mismo sentido. Una carta que no tuvo ninguna respuesta.

A nivel catalán, las vías afectadas serían la AP-7 entre Cambrils y La Jonquera y la AP-2, entre El Vendrell y Lleida. En ambos casos, el contrato expira el 1 de septiembre de 2021. Por lo tanto, son dos arterias fundamentales por la movilidad de las mercancías y de los ciudadanos de Cataluña, dos vías además que están amortizadas con creces.