La iniciativa se dirigía a mostrar su desacuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, que, una vez debatida en el Senado, quedaría aprobada el próximo 26 de junio.

Según el sindicato, esta acción se fundamenta en que el actual texto de la Ley sobre los gastos de personal al servicio del sector público, al que pertenecen los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria de Valencia prorrogan por séptimo año consecutivo la reducción salarial del 5% del personal de dentro y fuera de convenio de las autoridades portuarias.

Además, el sindicato considera que la ley mantendría la reducción del 75% de los gastos de acción social y no permite las aportaciones a los Fondos de Fines Scoiales.

Imagen de la concentración de trabajadores frente al edificio de la APV

Por otro lado, la organización sindical considera que no se da solución al alto índice de temporalidad existente y que en la APV afecta a un alto porcentaje de trabajadoras y trabajadores con contrato eventual al no contemplarse una oferta de empleo público suficiente para dar estabilidad en el empleo y prestar los servicios en condiciones óptimas.

“A todos argumentos hay que sumarle la conocida y malintencionada limitación de la Negociación Colectiva cuya consecuencia no es otra que la de tener prorrogado el II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y autoridades portuarias desde el año 2010 sin poder negociar uno nuevo”, señalaba FeSMC en un comunicado remitido ayer.

“Desde UGT entendemos que se pretende aprobar una LGPE del Partido Popular para el año 2017, que otro año más condena a las trabajadoras y trabajadores de la APV a sufrir la injusta política de recortes que se les viene aplicando desde el año 2010”, añade el sindicato en el comunicado.

Además, recuerda que “desde Puertos del Estado se nos dice continuamente que no hay dinero pero año tras año el Sistema sigue arrojando balances positivos y como todos sabemos las próximas indemnizaciones por despido a las trabajadoras y trabajadores de la estiba se van a pagar con dinero público procedente de las propias autoridades portuarias”.