Los presidentes de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados de Valencia (ATEIA), Arturo Virosque y Luis Rosa, acordaron ayer la colaboración de ambas instituciones para potenciar el arbitraje industrial.

Además, promocionarán el desarrollo conjunto de actividades conjuntos de difusión y promoción con el fin de fomentar la utilización de la institución arbitral, a través de la Corte de Arbitraje de Valencia, para resolver conflictos y divergencias que puedan surgir en el ámbito de las relaciones comerciales y empresariales derivadas del tráfico marítimo.

En la misma firma se sentaron las bases para que haya una relación más fluida entre expertos de ambas instituciones para que intercambien experiencias y conocimientos con el fin de aumentar sus servicios.

En meses anteriores, la Cámara de Comercio ya suscribió acuerdos similares con la Universitat de València-Estudi General, la Asocación Naviera Valenciana y el Consulado de la Lonja.
16 años de funcionamiento

La Corte de Arbitraje de Valencia quedó constituída en el año 1989, y se rige actualmente por la Ley 60/2003 en vigor desde marzo de 2004. Su función principal es la administración de justicia en controversias de Derecho Privado (lo que se traduce en la práctica a la contratación en el más amplio sentido de la palabra) mediante el procedimiento arbitral, que es un proceso alternativo, aunque cada vez de más uso, a los tribunales de justicia ordinarios.

Su utilización, según fuentes de la Cámara de Comercio, está cada vez más institucionalizado entre los agentes económicos. Los datos que se manejan no hacen más que confirmar esta tendencia, ya que en el período de enero a junio de este año, la Corte de Arbitraje de Valencia ha resuelto litigios por una cuantía superior a los 9,18 millones de euros.

Gran especialización
El arbitraje es una institución jurídica que se origina en la voluntad de las partes y que se refleja en la ‘cláusula arbitral’, que va incluída en todos los contratos mercantiles.

En ese sentido, se resuelve mediante el laudo, una figura que se ejecuta por idénticos trámites que las sentencias judiciales y que, además de su rapidez (el plazo máximo para dictar laudo es de seis meses), es irrevocable (sólo admite la anulación por causas muy concretas y tasadas).

Todos los que han hecho uso de esta medida destacan que entre sus innumerables ventajas están la economía, la profesionalidad y especialización de los árbitros, además de la confidencialidad, la flexibilidad en las relaciones de las partes con los árbitros y la resolución íntegra del conflicto. Y entre sus especialidades se cuentan cuestiones de propiedad industrial o intelectual, nuevas tecnologías, valoración de empresas en funcionamiento, derecho de seguros, temas societarios, empresa familiar, protocolo, vicios de construcción, franquicias, etc.