El director general de ANARE, Luis E. Domingo, señaló que, tal como había anunciado José Llorca la intención es adaptar el Anteproyecto a los cambios que se puedan producir en la Directiva Europea, pero no por una decisión unilateral, sino por la primacía del derecho comunitario y la obligación de respetar esos mínimos.

Los puntos de desacuerdo con el Anteproyecto por parte del colectivo de remolcadores, son la autoasistencia y la integración los principales punto a tener en cuenta.

"Las compañías de remolcadores estamos abiertas a la competencia. De hecho, hasta 1992 estábamos en libre competencia, con un sistema de autorizaciones. Hoy la propuesta es establecer un sistema de licencias", señaló. Para Luis E. Domingo, esta nueva normativa lejos de abrir el camino de la liberalización, podría favorecer situaciones próximas al monopolio. "Entre el primer borrador y el segundo hay cambios, pero no representan la liberalización, que sería positiva, sino a la desregularización- añadió -. Nosotros también estamos comprometidos con los puertos, nuestras embarcaciones cuentan con las últimas tecnologías, trabajamos 24 horas durante 361 días al año y apostamos por las grandes inversiones".

José Pérez, representante de CC.OO. aseguró que el primer borrador presentado por Puertos del Estado era de carácter centralista e intervensionista, desvalorizaba el servicio de practicaje y dejaba el control en manos del ente público. Por este motivo, el sindicato presentó 34 enmiendas al texto, principalmente para establecer convenios de negociación para la regulación laboral en cada puerto, un punto que ya se incluye en el segundo borrador.

En relación a la estiba Pérez señaló que es el interés del sindicato al que representa la transposición de la Directiva Europea no representa una des-profesionalización del sector.

Además, insistió en que el rechazo manifestado por CC.OO., que también secundó la huelga del pasado mes de noviembre, era en su mayor parte hacia la propia normativa europea: "En la estiba no puede haber autoasistencia".

Finalmente, José Pérez hizo públicas unas dudas más que razonables acerca de la posibilidad de que el Anteproyecto termine convirtiéndose en ley, debido a las grandes discrepancias existentes.

El vicepresidente de la Asociación Europea de Amarradores, Juan Ignacio Terán, recordó que el contenido de la Directiva Europea y las enmiendas que ha aprobado el Parlamento son de carácter provisional, a pesar de que el ministro de Fomento asegurara el día de la inauguración de este Congreso que serán aprobadas definitivamente en el plazo de cuatro meses. Sin embargo, Terán sí manifestó su satisfacción y la del colectivo al que representa por el hecho de que la autoprestación haya quedado limitada y vinculada exclusivamente a la tripulación del buque.

Por otra parte, el representante del colectivo de amarradores se mostró muy a favor del proceso liberalizador como una realidad que no se puede obviar y una exigencia del propio mercado. No obstante, recordó que en la actualidad las tripulaciones de la mayoría de buques no están lo suficientemente preparadas y pertenecen en su mayoría a terceros países o países en vías de desarrollo: "La seguridad en la navegación debe estar en manos de profesionales". Finalmente, aseguró que de llevarse a cabo, esta nueva ley debe contar con el consenso de todas las partes implicadas para garantizar el éxito en su aplicación.

En este sentido, también profundizó Eladio Carreras: "Una ley en el ámbito portuario no se aplica si no hay consenso, sea o no impuesta por la Directiva Europea". El representante de UGT sí señaló que desde su organización se recoge el testigo de la negociación como no puede ser de otra manera, pero aseguró que sería mejor contar con el consenso necesario. En cuanto a las negociaciones, explicó que se han llegado a acuerdo en relación a las negociaciones colectivas y en cuanto al mantenimiento de la titularidad pública en los servicios generales de las Autoridades Portuarias. Además, UGT está estudiando la propuesta de Puertos del Estado acerca de la posibilidad de que los trabajadores de Administración de la sociedades estatales pudieran ser trasladados a las Autoridades Portuarias cuando éstas se conviertan en agrupaciones de interés económico.

Emilio Martín, secretario de la Federación de Prácticos, explicó que hasta la fecha tienen conocimiento de dos textos, ante los cuales han presentado sendos informes en los que se recoge el rechazo del colectivo ante las propuestas del Anteproyecto en lo que se refiere a la regulación de la profesión. "No se puede regir este servicio con criterios comerciales cuando el objetivo es de seguridad".

Por otro lado, Martín expresó su satisfacción ante la modificación de la Directiva Europea, que excluye al servicio de practicaje, aunque aseguró no entender porqué continúa adelante la normativa española: "Estamos siendo más papistas que el Papa y deberíamos esperar a que estuviera aprobada la Directiva para hacer la correspondiente transposición".

ANAVE
Manuel Carlier, director general de ANAVE, abogó porque el impacto del incremento en la T-1, ya previsto como resultado de anteriores reuniones, se aplique de manera escalonada, concretamente en el plazo de cinco años, de manera que pueda ser asumido por las empresas. "Este incremento va a afectar además de manera especial al cabotaje y, por tanto, a las navieras españolas", añadió. Por otra parte, y siguiendo con el tema tarifario, Carlier solicitó flexibilidad en las bonificaciones que se ofrecen en función del número de escalas, así como que la tasa sea directamente proporcional al tiempo real de estancia de los buques en puerto.

Además, Carlier aseguró que desde ANAVE no hay dudas de la necesidad de proceder a la liberalización, ya que favorecerá la aplicación de nuevas tecnologías e inversiones, lo que estimula la mejora de los servicios portuarios. En este sentido, y para garantizar el éxito, señaló que este proceso de liberalización debería ser gradual.

Finalmente, el director general de ANAVE reclamó la necesidad de involucrar más en las negociaciones y contactos en torno al Anterproyecto a los usuarios del puerto con la creación de comités consultivos.