Representantes de Coordinadora de los Trabajadores del Mar mantuvieron ayer una reunión de trabajo con la diputada del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, Rosana Pastor, y el síndic del grupo parlamentario Podemos-Podem, Antonio Montiel.

Un momento del encuentro

Los representantes de los trabajadores de la estiba expresaron su queja por la actitud del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna porque “torpedea el proceso de diálogo que las empresas y trabajadores del sector venían manteniendo desde hace meses”.

Según los estibadores, los agentes sociales “estaban trabajando en una propuesta de reforma de la Ley de Puertos que mejorase la competitividad, en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014”, hasta que la posición unilateral del ministro “ha acabado por imponer un Real Decreto Ley que aboca a los trabajadores a la huelga para defender sus derechos laborales”.

Pastor afirmó que “el sector de la estiba tiene una regulación específica en toda Europa, con reconocimiento en el Convenio 137 de la Organización Internacional de Trabajo, que apuesta porque las legislaciones nacionales aseguren el empleo permanente o regular de los trabajadores portuarios y por la existencia de registros de trabajadores para la regulación del acceso al trabajo en la estiba”. Asimismo, la parlamentaria recordó que en otros países se han alcanzado acuerdos en ese sentido entre empresarios, trabajadores y gobierno.

Por su parte, Antonio Montiel considera que el Decreto-Ley compromete el futuro de los trabajadores de la estiba, que podrían ver rescindidos sus actuales contratos en el plazo de unos meses para dar paso a un sistema de contratación a través de ETTs. En su opinión, “el Gobierno de Rajoy ha optado por un modelo ultraliberal de gestión de los puertos, que pone en riesgo el sistema existente, fruto de un proceso basado en el diálogo entre trabajadores y empresas tradicionales, para favorecer la implantación de multinacionales que pretenden instalarse en nuestros puertos rebajando los precios de la estiba para asegurar mayores beneficios”.

Los diputados de Podemos trasladaron su rechazo al Real Decreto Ley, así como su apuesta por la negociación colectiva y que el ejecutivo asuma la fórmula acordada entre los agentes sociales para defenderla ante la Unión Europea, tal como se ha hecho en otros estados europeos.