Del 31 de Mayo al 3 de Junio de 1994 tuvo lugar en Dunquerque, Francia, bajo los auspicios de la UNCTAD y el Puerto de Dunquerque, un foro internacional sobre legislación portuaria en el que se analizaron las responsabilidades, riesgos y seguro dentro del campo portuario.

En dicha reunión se constituyó la Asociación Internacional de Juristas Portuarios LEGIPORT, cuya Declaración de Principios abogó, entre otras cosas, por el reconocimiento de la existencia y autonomía de un Derecho específico aplicable a los asuntos portuarios.

La AEDM ha valorado las sinergias de tal iniciativa internacional con un enfoque provisional de medio alcance consistente en el estudio de la posible armonización de todas las fuentes reguladoras de la actividad portuaria, sin pretender aún la concepción de tal Derecho Portuario como Derecho autónomo y especializado, pero buscando contribuir a la modernización de los puertos españoles, en los que será siempre de todo punto necesario establecer cuidadosamente los términos contractuales conforme a los cuales el sector privado operará dentro del recinto portuario.

La nueva Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, más conocida como "Ley de régimen económico de los puertos", supone un paso adelante en la política de liberalización de los servicios portuarios dentro del marco jurídico escogido en 1992 sobre privatización portuaria limitada o más bien híbrida, en el que quedan la titularidad y grandes parcelas de la actividad en el demanio portuario reservadas a la titularidad estatal o autonómica. En la nueva Ley cobrará especial importancia la actuación en el ordenamiento privado de todos los interesados en los diversos servicios portuarios, lo que ya estaba apuntado en la Ley de 1992. No obstante, sobreviven y persisten numerosas obligaciones y sanciones de carácter público residentes en el ámbito administrativo y fiscal. Asimismo, el puerto situado en la cadena logística del transporte cobra una indudable importancia mercantil, como eslabón en el transporte multimodal, en el que confluyen prestaciones y consecuencias originadas fuera del mismo y a muchos kilómetros de distancia. En los puertos españoles hoy convergen relaciones y obligaciones de naturaleza administrativa, fiscal, mercantil, aduanera, competencial, etc.; que con frecuencia son ignoradas en cada sede jurídica específica y frente a un único usuario, contratante o sujeto pasivo, según se le llame.

Nos plantearemos, así, la conveniencia de discutir en un foro público, en Valencia los días 24 y 25 de Mayo de 2004, todas estas incidencias jurídico-económicas que, en su conjunto, constituyen permanente fuente de problemas, si no de sorpresas, para todo agente económico que deviene usuario de un puerto español. Con el intento, abordamos también la deseable penetración del Derecho Marítimo en el dominio portuario como objetivo científico del siglo XXI gracias a la realidad tecnológica que impone el transporte multimodal.

Mediante este I Congreso Nacional queremos dar el primer paso direccional convocando un debate de todos los interesados en la materia en torno a tres ejes que aparecen hoy inseparables: EL PUERTO, LA CADENA DEL TRANSPORTE y LA SEGURIDAD DE BIENES Y PERSONAS. Convocamos, de esta forma, a empresarios portuarios, autoridades portuarias, transportistas terrestres y marítimos, aseguradores, abogados, etc. mediante presentación de Comunicaciones sobre una amplia temática, que irán orientadas por Ponencias matrices.