Madrid no tiene mar, pero la semana pasada en la capital se respiraba puerto. Administración, empresas, sindicatos, inversores...se reunieron en torno a la expectativa del Anteproyecto de la Ley de Puertos, una iniciativa que a golpe de mortero está impulsando el Gobierno por cuanto se adelanta a la propia normativa europea que se gestó en el tiempo de la presidencia española en la Unión Europea y convierte a España en baluarte de la nueva política comunitaria en materia de transporte.

La modificación de la ley puede no gustar a todos, pero está claro que abre nuevos horizontes para el futuro del transporte marítimo, aunque no todos sean para tirar cohetes.

Las empresas parecen acoger con cariño la posibilidad de implicarse más en la creación de nuevas infraestructuras, en las inversiones en sus propios espacios operativos y, sobre todo, responden con muy buena aceptación a la idea de no estar sometidos a las normas de otros.A las navieras se les iluminan los ojos al oir la palabra “autogestión” y la consiguiente reducción de costes y rapidez en la operativa. Los sindicatos se han posicionado de manera rotunda sin esperar a que se anunciara de forma oficial el contenido de la ley por cuanto es bien sabido que, como poco, enterrará muchos de los privilegios que el colectivo de estibadores ha venido ganándose a veces a fuerza de sudor y lágrimas y otras, las que más con el devenir del tiempo y la irrupción de los nuevos medios mecánicos, a fuerza de mantener los grupos de trabajo de antaño y ganar puntos en las negociaciones. A las Autoridades Portuarias todavía les tiemblan las piernas ante la posibilidad de ceder el protagonismo que hasta ahora ostentaban y, considerando insuficiente administrar los espacios portuarios, reclaman que se les valore como “gestores” del puerto, con la capacidad de coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes que intervienen en la actividad marítim-portuaria. No les queda otra.

Que la modificación de la Ley de Puertos traerá cola no lo duda nadie como nadie duda que ya está sentenciada y que la propuesta de negociación y consenso que lanzó el pasado miércoles el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, llega tarde y no pondrá freno a lo inevitable. La Unión Europea ha apostado por el transporte marítimo y quiere consolidar una Europa sin fronteras, de conexiones directas entre destinos a través de unos modos de transporte coordinados, eficaces, sin los temidos “cuellos de botella” y, sobre todo, competitivos, porque de eso se trata. De reducir los costes portuarios para que el barco le gane la mano a la carretera, que, por exceso de vehículos e intercambios comerciales, y también por falta de infraestructuras, no va a poder hace frente a los incrementos de tráfico previstos para los próximos años. Y aún menos cuando entren en juego los últimos países en cogerse al carro de la Unión Europea. Es ahora cuando el “short sea shipping”, un concepto vinculado hasta hace poco a lo que se conocía como tráfico de cabotaje, cobra protagonismo y de la mano de la intermodalidad se convierte en el principal e irrenunciable objetivo. Por el bien de todos.

Y probablemente así sea, pero no es menos cierto que esa intermodalidad dejará a más de uno por el camino y moverá un poco los cimientos de las grandes compañías, que, aún siendo las únicas capacitadas para invertir verán peligrar sus monopolios en los puertos. Tendrán que adoptar otra forma y reencarnarse ahora en grandes alianzas, dibujando un mapa de una Europa amplia, con grandes redes de servicios marítimos, con el puntal de la intermodalidad y cada vez menos y más grandes empresas. Definitivamente, la nueva ley traerá cola.