La confrontación entre la Administración, entiéndase como tal a Puertos del Estado, Ministerio de Fomento y Consejo de Ministros, y los trabajadores portuarios, representados por Coordinadora, CGT, Intersindical Canaria, CIGA y CC.OO. ya está servida tras los tres días de huelga que se han realizado en los puertos de interés general contra la aprobación del Proyecto de Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios Portuarios.

El enfrentamiento entre las partes citadas se puede considerar como la parte más fácil, ya que cada una por su lado se considera en posesión de verdad y de que defiende un sistema de gestión portuaria para el desarrollo del tráfico portuario. Cada parte esgrime sus argumentos a favor de una propuesta. Unos alegan que para mantener el actual nivel de crecimiento y poder competir con el resto de los puertos europeos, al mismo tiempo que atender las demandas de servicios de las compañías navieras es necesario introducir nuevos factores de competitividad. Los otros argumentan que el sistema portuario actual ha demostrado su eficiencia con los incrementos de tráfico producidos, tanto a nivel nacional como en los transbordos, lo que demuestra la competitividad de nuestros puertos frente a los europeos.

Independientemente de quien tenga razón, lo díficil es ahora encontrar una solución que satisfaga a ambas partes, aunque más bien habría que contentar a todos los componentes que intervienen en la operativa portuaria. Casi todas las partes están en desacuerdo con este proyecto de ley. De todas formas, siempre se ha dicho que cuando todos están descontentos es que el acuerdo es válido. Sin embargo, parece ser que no es así.

Después de ver los puertos parados, con las consecuencias económicas que ello supone, tanto para los sectores productivos como para la propia comunidad portuaria, y con el rumor de una nueva huelga, esta vez de quince días en horas alternas, las expectativas son catastróficas.

Principalmente, porque las reivindicaciones de los trabajadores supondrían un cambio sustancial del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que está implicado el gobierno. Por su parte, los trabajadores han iniciado una etapa de confrontación que será difícil de reconducir de no verse aceptada parte de sus demandas.

Esperemos que una vez echado el pulso, las enmiendas que se puedan presentar por las comisiones de trabajo o los grupos parlamentarios permita a ambas partes reconsiderar sus posturas y aceptar la Ley, tal como queda, para su adecuación a la Directiva Europea.