Con la aprobación del Proyecto de Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Intererés General por parte del Consejo de Ministros del 11 de abril, se ha iniciado una etapa polémica o de confrontación ente los sindicatos de los trabajadores portuarios y el gobierno del Estado.

Esta controversia entre las partes citadas supondrá, inicialmente, la paralización de las operaciones portuarias en todos los Puertos de Interés General durante los días 28, 29 y 30 de abril, debido a la huelga convocada por los sindicatos como primera medida de presión para la retirada del citado proyecto.

Lo más grave de esta confrontación no son los tres días de paro, sino las medidas que posteriormente puedan adoptar los trabajadores si continúa en trámite parlamentario dicho proyecto. Nadie duda ya de que éste será el proceso que terminará por llevarse a cabo, una vez aprobado este proyecto por parte del gobierno.

La situación a la que se ha llegado, no sé si por desconocimiento de las consecuencias que podría ocasionar o por decisión política de reestructurar la operativa portuaria, nos lleva, por ambas partes, a un callejón sin salida.

Por un lado, es difícil que el Consejo de Ministros dé marcha atrás a un proyecto ya aprobado.

Solamente queda pendiente su tramitación en las Cortes y en el Senado para la presentación de enmiendas, que contemplen los cambios reivindicados por los trabajadores portuarios.

Este proceso puede ser laborioso y duradero, lo que viene a generar una mayor incertidumbre entre los colectivos profesionales relacionados con los puertos y en los sectores productivos, que pueden ver cortadas sus cadenas de producción, por no poder exportar sus mercancías o por carecer de posibilidades para importar aquellas materias que necesitan.

Esta situación está provocando el desánimo entre todos los colectivos que conforman la comunidad portuaria, ya que no pueden intervenir para reducir o evitar la confrontación entre ambas partes. Máxime si tenemos en cuenta que esta situación sólo se va a producir en los puertos españoles, puesto que la directiva europea sobre la liberalización de los servicios portuarios que pretende implantar la Unión Europea no estará aprobada, como muy pronto, hasta poco antes del próximo mes de junio.

Según casi todas las partes implicadas, a excepción de la gubernativa, la elaboración y aprobación de este proyecto, a excepción de los contenidos sobre el Régimen Tarifario en los
Puertos, podría haber esperado a que la Unión Europea aprobara la citada directiva y, posteriormente, adecuar su Ley a la misma.

De esta forma, además de no tener que modificar esta ley, todos los puertos europeos aplicarían la misma normativa, con lo que se estaría en situación de igualdad competitiva.

De todas formas, sin restar gravedad a la situación planteada, en lo que a nuestro puerto se refiere, el gran reto es mejorar la productividad o rendimiento en las operaciones portuarias, ya que la mayoría de las compañías navieras que operan con contenedores ya han presentado sus quejas al respecto ante sus agentes, compañías estibadoras y la propia Autoridad Portuaria.

Algunas ya han pasado de las quejas a la acción y han comunicado su intención de trasladar su base de servicios a otros puertos.