Las enmiendas introducidas en el borrador de la Directiva Europea sobre la liberalización de los servicios portuarios por parte del Parlamento de la Unión Europea han modificado el escenario operativo en los puertos sobre las previsiones iniciales.

La introducción de las enmiendas aprobadas afecta principalmente a la autoasistencia y al Servicio de Practicaje que ha sido excluido por la Directiva, al considerarlo de seguridad para los puertos por lo que debe ser legislado por los Estados miembros. Además, puede tener una incidencia directa sobre el contenido del "Anteproyecto de Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General".

Esta incidencia podría ser mayor incluso antes de que la ley sea aprobada definitivamente, ya que debe regresar al Consejo para la revisión y aprobación de las enmiendas introducidas.

Estos cambios, junto con la posibilidad de nuevas modificaciones, aconsejan dejar en suspensión la parte del Anteproyecto de la Ley de Puertos que está negociando actualmente Puertos del Estado con ANESCO, por un lado, y con los sindicatos con representación en los puertos, por otro. En estas rondas de negociaciones, tanto ANESCO como Coordinadora, sindicato mayoritario en la estiba, UGT y CC.OO. han presentado una serie de enmiendas al texto que, en parte, han sido recogidas en un segundo borrador, el cual todavía contempla discrepancias importantes.

Estas diferencias, sumadas a los cambios de la Directiva Europea que inciden directamente en el contenido del Anteproyecto, sugieren que se posterguen los puntos que regulan la operativa y los servicios en los puertos hasta la aprobación definitiva de la normativa comunitaria.

En estos momentos, parece ser que Puertos del Estado ha presentado una propuesta negociadora tanto a los empresarios como a los sindicatos para sacar adelante el citado borrador, incluyendo solamente la parte referente al régimen económico y a la privatización de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba, según la cual, el 51% del accionariado en poder de las Autoridades Portuarias deberá trasladarse a las empresas estibadoras, con lo que se transformarán en Asociaciones Portuarias de Interés Económico.

Todas las partes que intervienen en la prestación de servicios portuarios, incluyendo las propias Autoridades Portuarias, han demostrado su descontento con el citado Anteproyecto.

En primer lugar, por su contenido, sobre el que ya se ha discutido suficientemente, y en segundo, por su falta de oportunidad, ya que todavía se encuentra en fase de tramitación la Directiva Europea, que una vez aprobada obligará a todos los estados miembros a adecuar sus leyes y normativas a la misma, lo que implicaría modificar de nuevo la citada ley.

La posibilidad de dejar en suspensión el contenido que afecta a la liberalización de los servicios portuarios sería bien acogida por todas las partes, ya que desde que se planteó la modificación de la Ley de Puertos, se asumió que su trámite conllevaría conflictos laborales, como efectivamente ha sucedido. De ahí que se considere innecesario iniciar un proceso que únicamente generará conflictos en materia laboral en los puertos españoles, con la competencia que existe en la actualidad entre los principales puertos del Mediterráneo. Sin embargo, con la aplicación de la Directiva Europea, todos los puertos tendrán que adecuar sus normativas y sistemas al contenido de las mismas, sin que nadie obtenga ventajas competitivas adicionales.

Ahora, solamente falta esperar la evolución de las negociaciones entre las tres partes implicadas para que la comunidad portuaria pueda ver con optimismo el futuro, aunque sea a corto plazo.