El nombramiento del nuevo Gobierno del Estado, el domingo pasado, ha supuesto importantes cambios para determinados cargos políticos dentro de la estructura administrativa central, que también se encuentra presente en las comunidades autónomas.

En relación con los puertos, los cambios más relevantes producidos en lo referente a la proyección y desarrollo de los recintos portuarios y sus comunicaciones terrestres corresponden a los del Ministerio de Fomento. Concretamente, me refiero a los cargos de subsecretario general de Infraestructuras, que ocupaba Benigno Blanco y para el que se ha designado a Víctor Marlán García y al de presidente de Puertos del Estado, desempeñado hasta la fecha por José Llorca y para el que ahora se barajan nombres como el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Mariano Navas, (quien fuera secretario general de esta entidad durante la legislatura socialista) o la directora general de Puertos de la Junta de Andalucía, Montserrat Badía, quien ha colaborado con anterioridad con la actual ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

Otro cargo también relevante para el futuro desarrollo del sector portuario es el de secretario general de Transportes, para el que se está pensando en el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón y expresidente de Puertos del Estado, Fernando Palao.

Ahora, además, se comenta acerca de cuáles serán los nombramientos de los nuevos vocales de los Consejos de Administración portuarios por parte del Gobierno central, que cuenta con un número determinado de consejeros dentro de cada Autoridad Portuaria.

Todos estos cambios, entre otros, son los que están generando incertidumbres y temores entre miembros del sector, sobre todo en un momento en que tanto Valencia como Sagunto se encuentran finalizando sus proyectos de ampliación. Un retraso en el inicio o en la ejecución de estas obras generaría toda una serie de problemas, de inversión, pues se tendría que acudir a los fondos FEEDER y de tiempo, ya que una demora en estas infraestructuras podría acarrear el colapso del puerto.

La principal preocupación de la comunidad portuaria es la posibilidad de no contar con estos nuevos muelles en los plazos fijados, ya que las actuales instalaciones no permiten absorber más tráfico, sobre todo en relación con cruceros, cuya demanda se incrementa cada días más, o con los coches, debido a que nuevas marcas de automóviles desean comenzar a operar en el puerto de Valencia.

Estas infraestructuras son necesarias, independientemente del tráfico de contenedores en el que este nuestro puerto es el primer puerto del Mediterráneo y el quinto mundial que más ha crecido en estos últimos años.

Las dudas que surgen acerca del futuro de las instalaciones portuarias incluyen también proyectos como los accesos terrestres, con el Acceso Norte aún sin ejecutar. Este proyecto está siendo reivindicado desde 1986 por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, además de por la comunidad portuaria y por los sectores industriales valencianos.

Esperamos que todos estos temores y rumores desaparezcan una vez que los nuevos responsables analicen la viabilidad y las necesidad de todos estos proyectos.

Por último, también cabe reseñar los posibles cambios en los Consejos de Administración que
pueden ser también foco de tensiones cuando la política del Gobierno central no coincide con el de las autoridades autonómicas, aunque son los propios responsables de las autoridades portuarias quienes elaboran los planes estratégicos en respuesta a las necesidades de sus clientes. Esto es, en definitiva, lo que debe primar a la hora de tomar las decisiones oportunas,
En este sentido, es importante recordar una frase que puede escucharse habitualmente en nuestro sector hoy en día: "Los puertos no tienen sentido en sí mismos sino por los servicios que prestan a la economía".

Esta idea es la que debe prevalecer ante todo, gobierne quien gobierne.