La Comisión Europea ha dirigido un requerimiento formal de información a España y al Reino Unido en relación con la aplicación que hacen de la legislación europea sobre impuestos especiales y compras transfronterizas.

La Comisión teme que las prácticas de estos dos estados pueden perjudicar al derecho de todos los ciudadanos de la UE de adquirir bienes en otros estados miembros.