El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre la economía española estima que el Producto Interior bruto crecerá en torno al 3,5% en 2007 y 2008, en línea con las previsiones del Gobierno español en la actualización del Programa de Estabilidad. Respecto al año 2006, el FMI indica que se caracterizó por un creciente ritmo de crecimiento del PIB, una rápida creación de empleo, la recuperación e la productividad y la moderación gradual de la inflación.

La institución afirma que España no sólo creció más, sino que empezó a crecer mejor, con señales de reequilibrio económico. Entre los factores de este reequilibrio, destaca la ralentización del consumo y del mercado hipotecario por la subida de los tipos de interés y los mayores niveles de endeudamiento, mientras que la fuerte rentabilidad empresas estimula la inversión en bienes de equipo y las exportaciones están teniendo un mejor comportamiento.

El FMI también considera acertada la política el Gobierno de aumentar el superávit en 2006 hasta la cifra récord de 1,8%, gracias a los boyantes ingresos fiscales.

La institución considera que el mayor riesgo de la economía española es el déficit exterior, aunque afirma que su financiación externa no es una preocupación, gracias al pertenecer a la Unión Económica y Monetaria.

En todo caso, y ante la eventual aparición de escenarios adversos, el FMI propone tres prioridades de política económica, que ya están contenidas en el Programa Nacional de Reformas: salvaguardar la estabilidad presupuestaria; incrementar la capacidad de oferta de la economía y mejorar su competitividad, y mantener la fortaleza del sector financiero.

El FMI considera positiva la apuesta por la inversión productiva realizada en los Presupuestos Generales del Estado, ya que entiende el déficit que España tiene en esa área. La institución invista a evaluar la efectividad de este tipo de gasto y, en este sentido, considera que la creación de la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios es una medida que va en la buena dirección, con el fin de analizar la utilización, utilidad y eficiencia de dicha inversión. Además, propone que, de manera, similar, debería existir una evaluación de los gastos de los gobiernos regionales, ya que realizan más del 75% del gasto pública total (excluyendo Seguridad Social).

El FMI pide la puesta en marcha rápida de la ley del mercado hipotecario y la Ley de Ofertas Públicas de Adquisiciones, ya en trámite parlamentario, así como la legislación de Basilea II, cuya fórmula de aplicación en España, utilizando los estándares más estrictos, es aplaudida por el FMI.