El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, ha transferido a la Comisión Europea una reclamación relativa a una supuesta falta de actuación por parte de las autoridades francesas para asegurar la reapertura de una importante conexión transfronteriza que enlaza las ciudades de Canfrac, en la Comunidad Autónoma de Aragón, y Oloron en Aquitania (Francia).

La reclamación fue inicialmente realizada por una asociación española que destacaba en su escrito la importancia de este enlace transfronterizo como medio para garantizar el derecho a la libre circulación de mercancías y ciudadanos entre España y Francia.
En su opinión, las autoridades francesas no están haciendo lo necesario para garantizar este derecho. El denunciante se había dirigido primero al Defensor del Pueblo regional de Aragón (El Justicia de Aragón), quién la transfirió al defensor del Pueblo Europeo indicando que el problema había sido causado por la negligencia de las autoridades francesas para realizar las inversiones necesarias en el tramo de ferrocarril perteneciente a su jurisdicción.

El Defensor del Pueblo Europeo investiga las reclamaciones relativas a la mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Unión Europea. No puede ocuparse de reclamaciones concernientes a las administraciones nacionales, regionales y locales de los Estados miembros.

Según el denunciante, la línea de ferrocarril en cuestión fue parcialmente financiada a través de los fondos europeos.

El Defensor del Pueblo Europeo ha decidido, por tanto, transferir el caso a la Comisión Europea que, como guardiana de los Tratados, tiene la obligación de vigilar que se cumplen las condiciones a las que ha de ajustarse el uso de los fondos europeos, así como de garantizar la aplicación correcta de toda otra disposición de derecho comunitario.