El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado que, desde el Consell “seguimos avanzando en la simplificación administrativa para facilitar el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana”.

Así, ha puesto en valor el nuevo Decreto de Entidades Colaboradoras de Certificación y Entes Habilitados que “supone un ejemplo de colaboración público-privada” y se interpreta en “confiar los unos en los otros para mejorar la actividad y el servicio y así hacernos más competitivos, cercanos y rápidos”.

El jefe del Consell señalaba el viernes que la Administración “no puede tratar al ciudadano y empresario como un presunto culpable a la hora de presentar sus escritos y proyectos” por lo que, desde el Consell, “apostamos por la confianza y la declaración responsable, lo que se traduce en un silencio administrativo positivo”.

En este sentido, indicó que los organismos públicos “tienen que velar por inspeccionar y en su caso sancionar” a aquellos que no cumplan la normativa pero “con una respuesta rápida a todas las empresas que pongan su gestión en manos de una entidad colaboradora”.

De igual manera, Mazón defendió la necesidad de contar con una Generalitat ágil y eficiente, que facilite iniciativas que fomenten “la creación de empleo y el desarrollo y generación de la actividad económica”, dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos y del tejido empresarial valenciano.

Asimismo, el presidente hizo hincapié en la incorporación de los ayuntamientos al proceso de simplificación para que “todos los trámites del día a día se aceleren y podamos mejorar la vida de alicantinos, valencianos y castellonenses”.

Con el Decreto de Entidades Colaboradoras de Certificación y Entes Habilitados de la Ley de Simplificación Administrativa, las asociaciones de cada sector empresarial comprueban por adelantado que toda documentación que se ha de presentar es correcta y completa.

De esta forma, se eliminan las subsanaciones y correcciones que se deben llevar a cabo por parte de la Administración Pública y se agilizan los procedimientos administrativos, evitando su prolongación en el tiempo.

Esto resulta beneficioso para proyectos estratégicos con especial atención a la puesta en marcha de plantas de energías renovables o la tramitación de las Declaraciones de Impacto Ambiental, entre otras.