El tejido empresarial español cuenta con más de 3 millones de pymes. Representan el 99,8 % del total de las empresas, generan el 65 % del empleo y aportan el 55 % del PIB del sector privado.

Aunque son esenciales para nuestra economía, las cargas burocráticas, la fragmentación normativa o la dificultad para participar en las licitaciones lastran su creación y actividad.

El “Estudio sobre las barreras a la creación y al crecimiento de las pymes y a su participación en la contratación pública” elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia y el Mercado de Valores analiza los principales obstáculos en España y plantea soluciones.

Una de ellas es su escasa presencia en la contratación pública. Las pymes encuentran dificultades para obtener información y la complejidad de la normativa o el propio diseño de los pliegos reduce sus opciones como adjudicatarias y les desincentiva a participar. Esto ocurre cuando hay requisitos innecesarios o desproporcionados que generan costes excesivos. Para eliminar estas barreras el estudio propone impulsar un mercado más integrado y procompetitivo; facilitar la creación de empresas; promover normas que fomenten el crecimiento empresarial; reducir las cargas administrativas, y combatir la morosidad.