La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) prevé que este sector crezca moderadamente en 2026 en un entorno de enorme incertidumbre, generada por la incesante subida de los costes que erosionan la rentabilidad de las empresas; la “catarata” regulatoria que asfixia y desconcierta a las empresas del sector y a sus clientes; la falta de relevo de profesionales y la caída en la actividad. Todo ello en un momento político complejo, marcado por la parálisis derivada de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en España y los traspiés de gran parte de las economías de la Eurozona.

Costes
La volatilidad de los precios de los combustibles y la energía, que representan alrededor de un tercio de los costes de las empresas de transporte por carretera, junto con el incremento de los precios de seguros, financiación, peajes, mantenimiento de los vehículos, costes sociales y cargas por las políticas climáticas en nombre del Green New Deal y su apéndice ‘Fit-for-55’, presionan a las compañías.

Transición energética
2026 arranca con una ‘resaca’ triunfal tras el importante hito alcanzado en diciembre en este ámbito: la Comisión Europea ha paralizado su propuesta legislativa para imponer obligaciones de compra de vehículos de cero emisiones (ZEV) a las flotas corporativas, al excluir a los vehículos pesados como resultado de la acción conjunta de ASTIC y otras organizaciones europeas integradas en la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU). La Comisión también ha revisado los objetivos climáticos de 2035, apostando por un enfoque más pragmático al incorporar el uso de combustibles renovables en la descarbonización del transporte por carretera.

Una buena noticia, aunque puede verse empañada por la complejidad del planteamiento, la falta de neutralidad tecnológica y las limitaciones de la flexibilización.

Escasez de personal
La falta de relevo generacional de las plantillas de conductores profesionales continúa siendo uno de los problemas más graves del sector. Sin soluciones a medio plazo, esta escasez amenaza la capacidad operativa del transporte por carretera y la viabilidad de las cadenas logísticas. En noviembre, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible lanzó una línea de ayudas por valor de medio millón de euros, dentro del ‘Plan Reconduce’, destinada a ofrecer hasta 3.000 euros por persona a aquellos que quisieran obtener los permisos de conducción de camiones y autobuses.

Una cuantía insuficiente, ya que beneficiará a poco más de 160 personas.

Inseguridad jurídica
Según Astic, las empresas de transporte se enfrentan a una sobrerregulación y a una inseguridad jurídica generada por una legislación errática proveniente de todas las Administraciones. Hace más de una década, la UE puso en marcha el principio de Better Regulation para mejorar la calidad de su legislación y políticas, promoviendo la idea de ‘legislar menos y mejor’.

Sin embargo, este propósito aún no se ha materializado ni en Bruselas ni en España. El exceso de normas, en muchas ocasiones aprobadas sin las garantías necesarias, genera un impacto negativo sobre las empresas, que necesitan un marco regulatorio estable para planificar a medio y largo plazo.