La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado hoy el Real Decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado; una norma que conjuga los principios de libertad de contratación exigidos por Europa con los derechos de los trabajadores a mantener sus puestos y la seguridad jurídica en la regulación de los Centros Portuarios de Empleo (CPE) exigida por las empresas estibadoras que pone fin a cinco años de inestabilidad, incertidumbre y, en muchas fases, desasosiego en el sector.

Solo quedaría, para cerrar este capítulo de desestabilización, la aprobación del Real Decretoque regula el régimen de ayudas especiales para la adaptación del sector y la regulación del certificado de profesionalidad de la estiba, que está en fase de información pública cuya aprobación se producirá, según el compromiso del Gobierno con el sector, en las próximas semanas.

La consecución de este texto jurídico ha sido posible gracias a la capacidad de negociación y de consenso entre el Gobierno con Coordinadora y Anesco; un trabajo realizado por María José Rallo, secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento y de César Ramos, diputado y coordinador del Grupo de Gobierno Abierto del PSOE. La norma convalidada hoy ha logrado aunar las demandas de los trabajadores y de la patronal, así como el visto bueno de la Comisión Europea. Este talante de diálogo y de respeto mutuo dista, sobremanera, de la actitud autoritaria del ex ministro de Fomento Iñigo de la Serna, que solo logró pérdidas millonarias y la crispación ydesazón de miles de trabajadores y sus familias.

La convalidación de la Diputación Permanente del Congreso al RDL que culmina el proceso de reforma de la estibada muestra de la responsabilidad y compromiso con un sector estratégico de todos los grupos parlamentariosque lo han hecho posible: Grupo Socialista, Grupo Confederal de Unidos Podemos-En ComúPodem-En Marea, Grupo Esquerra Republicana, Grupo Vasco(EAJ-PNV) yGrupo Mixto (Unión del Pueblo Navarro, Compromís Podemos, EH Bildu, PDeCAT,Coalición Canaria y Nueva Canarias), conla abstención de Ciudadanos y los votos en contra del Partido Popular.

A partir de ahora las miras estarán puestas en el objetivo del que nunca debieron desviarse: el crecimiento de los puertos españoles, un sector próspero y vital para la economía del país.