En la reunión mantenida por el Comité Madrileño del Transporte por Carretera (CMTC) con la Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, a la que también han asistido el Viceconsejero, Antonio López Porto, y el Director General de Transportes, Pablo Rodríguez Sardinero, desde ATRADICE se ha mostrado la gran preocupación respecto a la caótica regulación de la distribución urbana de mercancías que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Madrid, dado que existe una falta total de armonización a nivel nacional, incluso europeo; una ausencia total de apoyo al servicio público de mercancías para evitar mayor número de desplazamientos particulares (a diferencia de lo que sucede en el ámbito de viajeros); una patente discriminación a este sector pues se prevén ayudas municipales para la adquisición de vehículos de otros colectivos; una importante ausencia de infraestructura asociada para el suministro de gas y electricidad; pero lo más preocupante en este asunto es el calendario de acceso al AAR de Madrid Central, que exige al sector proceder a una renovación de flota que no puede asumir, dado su alto coste de adquisición.

Además, se está generando una gran inseguridad jurídica por el innumerable elenco de situaciones, horarios, requisitos, y tipos y categoría de vehículos afectados por estas restricciones.

Por otro lado, desde la asociación madrileña se hizo una valoración muy negativa sobre el incremento de la fiscalidad del diésel que ha anunciado el Gobierno central, ya que a pesar del incremento de la actividad, las empresas de transporte siguen padeciendo una importante crisis de rentabilidad.

En cuanto a los asuntos de competencia directa de la Comunidad de Madrid en materia de transporte de mercancías por carretera, desde ATRADICE se planteó el Plan de ayudas para la adquisición de vehículos ecológicos que saldrá en el mes de septiembre, proponiéndose la inclusión en este plan de ayudas de la transformación de los actuales vehículos diésel.

Además, en cuanto a la inspección se acordó que es preciso atajar la problemática de los falsos autónomos, la mal llamada economía colaborativa, las falsas cooperativas, el cabotaje ilegal y las empresas buzón, y especialmente la cada vez más extendida competencia desleal que se está produciendo en el ámbito del transporte ligero.

Por otro lado, se ha propuesto que las Juntas Arbitrales de Transporte asuman la competencia de las reclamaciones amparadas en la acción directa.

En cuanto al control preventivo de alcohol y drogas de los conductores por parte de las empresas, hasta que exista un cambio de normativa es preciso que se apruebe un protocolo con los agentes encargados de la regulación del tráfico para que puedan actuar de una forma efectiva.

Finalmente, está prevista la aprobación de un plan de ayudas para la formación a fin de conseguir que la profesión de conductor sea atractiva para los nuevos profesionales, existiendo actualmente una importante escasez de conductores.