La pasada semana en la sede del Ministerio de Fomento la reunión solicitada por FENADISMER en abril para tratar de forma monográfica el control que deben llevar a cabo las administraciones españolas de Transporte, Hacienda y Trabajo sobre las empresas de transporte deslocalizadas en otros países de la Unión Europea con menores costes laborales y fiscales pero que continúan operando en el mercado español de transporte, a las que se denomina “empresas buzón”.

Por parte de la Inspección de Transporte se informó de que su actuación se lleva a cabo mediante controles a los vehículos extranjeros y su relación con los clientes españoles donde realizan la carga y descarga de las mercancías transportadas. Asimismo se inspecciona a la empresa matriz española de la empresa deslocalizada, habiéndose detectado que la empresa filial deslocalizada (empresa buzón) llega a desarrollar su actividad en España entre el 75% y el 90% del total de su facturación. Además, estas empresas incurren en otras infracciones graves.

La Inspección de Trabajo informó de que su labor se lleva a cabo en el control de que el conductor desplazado está correctamente dado de alta en la Seguridad Social del Estado de establecimiento mediante la acreditación del certificado A-1. Sin embargo, desconoce si las empresas deslocalizadas que desplazan conductores a nuestro país cumplen su obligación de comunicar previamente su desplazamiento conforme a las declaraciones de desplazamiento.

Por parte de la Agencia Tributaria se ha clarificado cuáles son las obligaciones fiscales que deben llevar a cabo las empresas deslocalizadas. Por lo que respecta a la imposición indirecta, el IVA a devengar debe ser siempre el IVA español, ya sea el servicio de transporte internacional o de cabotaje (transporte interior).

Competencia desleal
FENADISMER expuso la necesidad de luchar contra la competencia desleal que están llevando a cabo las empresas deslocalizadas, que controlan más de una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país, y asimismo con cada vez mayor presencia en el transporte de cabotaje en España.

Las tres Administraciones se han comprometido a cooperar con las organizaciones de transportistas para mejorar el control sobre las empresas deslocalizadas y solventar estos problemas.