La Comisión Europea sigue mirando con lupa al sector logístico español. A la denuncia contra el sistema de la estiba en España hay que sumar una nueva, la que en breve interpondrá Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE “por no cumplir los requisitos que han de reunir las empresas para operar en el mercado del transporte por carretera”, asegura el organismo europeo en un comunicado.

Europa pone en jaque el sistema español de transporte de mercancías por carretera

Dichos requisitos se establecen en el Reglamento 1071/2009, y establece que las empresas de transporte por carretera deben disponer de “uno o más vehículos matriculados en el Estado miembro de establecimiento”. La legislación española, sin embargo, obliga a las empresas que quieran prestar este servicio a disponer de al menos tres vehículos.

Fuentes europeas aseguran que “este requisito es desproporcionado y puede ser discriminatorio contra los pequeños transportistas, que muy a menudo solo disponen de un vehículo y quedan por tanto excluidos del mercado del transporte por carretera”.

La Comisión Europea ya envió un dictamen motivado a las autoridades españolas en febrero de de este año. “Dado que España no ha adecuado su legislación al Derecho de la UE, la Comisión Europea ha decidido llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

Desde 1999, España exige a todos aquellas empresas que quieran prestar servicios de transporte de mercancías contar con un mínimo de tres vehículos. Prácticamente todas las organizaciones empresariales del sector, incluyendo las que engloban a los transportistas autónomos, han visto con buenos ojos esta medida ya que, por un lado, evita una mayor atomización de un sector ya de por sí bastante atomizado y, por otro, mantiene un cierto nivel de regulación.

Fuentes del sector consultadas por esta publicación advierten que la denuncia europea, si bien esperada, puede poner patas arriba “a la segunda potencia en cuanto a transporte terrestre de toda Europa”. La exigencia de un mínimo de tres vehículos ha permitido, según estas mismas fuentes, mantener un cierto equilibrio. De eliminarse este requisito, “lo que se produciría de facto sería una desregulación total del sector, una bajada en el nivel de formación y calidad y un aumento de la competencia desleal”.

Con todo, hasta que haya una respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puede pasar un mínimo de dos o tres años. Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, en declaraciones a esta publicación, recuerda que la denuncia va contra España, y demanda al nuevo equipo del Ministerio de Fomento que consensúe una respuesta unitaria de todas las organizaciones del sector. “No conocemos cuál fue la respuesta del Gobierno de España a ese Dictamen Motivado, aunque podemos suponer que en la defensa que se hizo del modelo español no se fue todo lo contundente que se debería”.

Hay que recordar que, además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya llevó a la Audiencia Nacional la exigencia de los tres vehículos.