El jueves 12 de febrero el Pleno del Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo debatirá, entre otros, sobre el Informe elaborado por la Comisión de Empleo sobre la subcontratación en el sector del transporte por carretera, el cual tras una análisis de la realidad del sector ofrece una solución equilibrada tanto para las largas y poco transparentes cadenas de subcontratación como para las formas abusivas de intermediación laboral y empresarial.

Según se destaca en el Informe, el sector del transporte por carretera es especialmente sensible a las distorsiones generadas por la subcontratación. Este sector se caracteriza por bajos márgenes de beneficio, sobre todo para las pymes de transporte. Por lo tanto, los numerosos niveles de subcontratación empresarial aceleran la caída de los precios del transporte, con graves consecuencias para las empresas más pequeñas. Esto afecta a su capacidad para atraer conductores cualificados, y a la capacidad de renovar las flotas y contribuir a la ecologización del transporte por carretera. Es decir, la subcontratación obstaculiza la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector.

Por otro lado, la subcontratación y los intermediarios laborales se han utilizado para reducir los costos laborales y generar precios abusivamente bajos para los servicios de transporte. Los intermediarios pueden utilizar las cadenas de subcontratación para ocultar las relaciones laborales, eludir el pago de impuestos y seguridad social, eludir la responsabilidad solidaria y evadir los controles de la inspección laboral.

Ante esta situación, la asociación de transportistas europeos UETR, de la que forma parte FENADISMER conjuntamente con la Federación europea de sindicatos ETF se han dirigido a todos los Grupos políticos en el Parlamento europeo instando a que dicho Informe sea aprobado en el Pleno, con los siguientes objetivos: establecer un marco jurídico de la UE para combatir los abusos en la contratación, la subcontratación y la intermediación; introducir transparencia de precios, responsabilidades y limitaciones en la contratación y la subcontratación; reforzar la aplicación de la normativa, incluyendo una Ley de Movilidad Laboral Justa, una mayor capacidad de inspección, una mejora de los datos y un régimen sancionador efectivo.