El Consell ha autorizado la suscripción de la adenda que modifica el convenio firmado en diciembre de 2022 entre el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Generalitat para la ejecución de infraestructuras, con el fin de prorrogar su vigencia y adecuar las actuaciones previstas.

La adenda formaliza la prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2029 y modifica el anexo relativo a la relación de actuaciones en infraestructuras a financiar. Estas actuaciones suponen un coste para la Generalitat de hasta 40.560.858 euros, derivado de la actualización de la valoración económica de los trabajos pendientes.

El convenio original establecía un marco de colaboración entre ambas administraciones para la ejecución de infraestructuras, con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. En él se atribuía a la Generalitat la responsabilidad del desarrollo de los trabajos, incluyendo las contrataciones, adquisiciones o tramitaciones necesarias conforme a la legislación vigente, y se fijaba una financiación máxima por parte de la Administración General del Estado de 200 millones de euros y la cofinanciación por parte de la Generalitat en aquellas obras que necesiten una mayor inversión para su finalización, por lo que se alcanzará un importe superior a los 240 millones de euros.

En el momento de la formalización del convenio, una parte significativa de las actuaciones incluidas en su anexo no contaba con proyectos redactados ni con las tramitaciones ambientales preceptivas finalizadas. Esta falta de definición, junto con la situación administrativa de los expedientes, ha provocado desviaciones relevantes respecto a las previsiones iniciales, tanto en los plazos de ejecución como en la inversión estimada.

Ante el próximo vencimiento del convenio, la Comisión de seguimiento acordó, en la sesión celebrada el pasado mes de noviembre, proponer su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2029 y la modificación del anexo, actualizando a las previsiones económicas del convenio vigente.

Asimismo, la adenda contempla la posibilidad de que la Generalitat pueda proponer a la Comisión de seguimiento la minoración del número de actuaciones financiables o, en su caso, la asunción de los importes con cargo a sus presupuestos ordinarios, en función de la disponibilidad presupuestaria.