El sector de la logística y el transporte cerró el segundo trimestre de 2025 con un total de 1.265.400 ocupados, lo que supone un aumento del 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que el conjunto de la economía española ha experimentado un crecimiento del 2,7%, según se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El presidente de la patronal UNO Logística, Francisco Aranda, ha valorado con cautela este repunte, al considerar que responde principalmente a factores estacionales asociados a picos de consumo como la Semana Santa, la campaña de rebajas y la temporada estival. “Se trata de un crecimiento coyuntural, que no obedece a una política de impulso del empleo por parte del Gobierno. Falta una hoja de ruta clara que estimule la productividad, la inversión y la consolidación de puestos de trabajo estables y con mejores salarios reales”, ha advertido.

Para que esto sea posible, Aranda ha insistido en la necesidad de transformar el mercado de trabajo, al que ha calificado como “estructuralmente frágil y condicionado por un modelo normativo que castiga la creación de empleos y los incrementos salariales”. Según ha explicado, las empresas operan en un entorno “rígido e intervencionista, con escaso margen para adaptarse a las necesidades productivas y con una negociación colectiva cada vez más erosionado, que dificulta alcanzar acuerdos eficaces y realistas”.

Asimismo, ha incidido en el impacto que supone el aumento de los costes laborales y de la presión fiscal sobre el empleo: “Desde 2019, los costes laborales se han incrementado un 24,3%, y la cuña fiscal se sitúa seis puntos por encima de la media de la OCDE”. “Un aumento del 1% en estos costes puede traducirse en una caída del 0,37% del empleo; por ello, es urgente rebajar cotizaciones y evitar nuevas cargas que dañen la competitividad empresarial”, ha remarcado.

En este contexto, Aranda ha calificado como “especialmente dañino” el Anteproyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral, una medida que, ha denunciado, “además de boicotear el diálogo social, no responde a las necesidades reales de muchos sectores estratégicos como el nuestro”.

“Afirmar que reducir el tiempo de trabajo incrementa la productividad es rigurosamente falso. Sin
embargo, aumentos de productividad sí que favorecen tanto reducciones de jornada, como incrementos salariales y más contrataciones”, ha señalado.

A su juicio, “imponer costes adicionales e incertidumbre es profundamente irresponsable y contraproducente”. Por ello, considera que “si queremos seguir siendo competitivos, necesitamos más flexibilidad y capacidad para adaptar nuestras estructuras a los nuevos hábitos de la demanda”.

Por otro lado, Aranda ha mostrado preocupación por el enfriamiento de la economía, recordando que “el Banco de España ha confirmado que estamos inmersos en un proceso de desaceleración, debido al debilitamiento del consumo de los hogares y al retroceso de la inversión”. Asimismo, ha señalado que esta tendencia se ve agravada por factores internos como “las exigencias normativas del Ministerio de Trabajo, el absentismo laboral y la incertidumbre global”.