Los empresarios del sector de auxilio en carretera de la Comunidad Valenciana, especialmente en los municipios afectados por la riada de finales de octubre de 2023, alertan de la situación generada por la acumulación de vehículos en sus campas. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), “miles de coches sin documentación se acumulan en estas instalaciones”, tras haber sido depositados por los servicios de emergencia, la UME, grúas de auxilio o las propias empresas locales.

Estos vehículos, sin identificar, no pueden ser retirados ni dados de baja por sus depositarios.

Según FENADISMER, “los propietarios no han sido avisados aún de dónde está su coche y en qué condiciones se encuentra”. Esta circunstancia, indican, impide iniciar los trámites administrativos correspondientes.

Las empresas afectadas advierten de que esta situación les genera costes de almacenamiento y mantenimiento. Además, sostienen que las campas están expuestas a actos vandálicos, lo que califican de “perjuicio” para sus trabajadores. En palabras de un empresario de Alianza de Auxilio en Carretera, que prefiere mantener el anonimato, “las compañías de seguros se han desentendido del tema”. Explican que algunas aseguradoras solo han cubierto entre 24 y 72 horas de depósito, pese a que han transcurrido más de seis meses desde la DANA.

Otro obstáculo señalado es la imposibilidad de contactar con los titulares de los vehículos.

FENADISMER afirma que “la DGT no facilita los datos personales”, amparándose en la normativa de protección de datos, al igual que ayuntamientos y aseguradoras. Esta falta de información impide emitir el requerimiento de advertencia necesario para tramitar la baja y tratamiento como residuo.

Según Xavier Martí, portavoz de la Alianza de Auxilio en Carretera, “hay varias campas con cientos de coches en cada una” en situación de “riesgo de seguridad y ambiental”. Indican que los casos más complejos son aquellos en los que el titular ha fallecido.

La normativa de Tráfico exige notificar previamente al titular del vehículo antes de su baja administrativa, procedimiento difícil de cumplir, según FENADISMER, en el contexto actual. Las empresas afectadas han trasladado sus reclamaciones a la Dirección General de Tráfico y estudian posibles vías de responsabilidad legal ante la falta de soluciones.