La Unión Europea de Transportistas por Carretera (UETR), presidida por la española FENADISMER, y otras organizaciones representativas del sector del transporte europeo han solicitado formalmente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, una estrategia coherente de transporte y energía. En una carta conjunta, alertan sobre el riesgo de que las actuales políticas de la UE obstaculicen tanto los objetivos de descarbonización como la competitividad económica.

Los firmantes subrayan que el transporte por carretera representa cerca del 5 % del PIB comunitario y da empleo a más de 10 millones de personas, siendo responsable del 80 % del transporte de mercancías en Europa. Argumentan que cualquier transformación verde en el continente debe tener en cuenta esta realidad estructural. Así, recuerdan que la UE, mediante la Ley Europea del Clima, se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55 % en 2030, objetivo enmarcado dentro del paquete legislativo «Fit for 55».

Sin embargo, las organizaciones firmantes advierten de que el marco político actual podría comprometer esa meta. Temen que la descoordinación normativa y el enfoque poco realista sobre ciertas tecnologías perjudiquen al transporte por carretera y provoquen desequilibrios económicos, inseguridad en el suministro energético y barreras para la transformación del sector.

Reclamaciones
En este contexto, las asociaciones plantean ocho propuestas clave para asegurar una transición energética y digital justa, eficaz y competitiva. La primera es mantener la neutralidad tecnológica: no confundir los objetivos climáticos con las herramientas para alcanzarlos. La prohibición de vehículos con motor de combustión interna no debería ser el único camino, ya que los combustibles renovables sostenibles pueden coexistir con la electrificación directa para lograr emisiones netas cero. Proponen un enfoque basado en el principio «del pozo a la rueda», que mida las emisiones a lo largo de todo el ciclo energético.

En segundo lugar, solicitan una significativa reducción de la carga administrativa que afrontan las empresas. La implementación desigual de directivas como REDIII o ETS2 entre los Estados miembros genera complejidades burocráticas y costes añadidos que impiden una respuesta eficiente del sector. La armonización normativa se presenta como un imperativo.

Como tercera medida, piden someter a prueba la eficacia y coherencia de las políticas actuales. La diversidad de regulaciones, como las de CO2 para fabricantes, ETS2 para consumidores o Count Emission EU para transportistas, impide ofrecer soluciones integrales. La interdependencia entre actores y políticas exige una visión sistémica.

El cuarto punto es la creación de un mercado uniforme de contabilidad y comercialización de gases de efecto invernadero (GEI) para las energías renovables utilizadas en transporte. Aunque países como Alemania y Países Bajos ya aplican sistemas de intercambio de créditos de carbono, la implementación es desigual y genera incertidumbre. Reclaman coherencia regulatoria y certeza jurídica para los operadores.

La quinta propuesta se enfoca en garantizar igualdad de oportunidades para los países de Europa Central y del Este. Con un PIB un 78 % inferior al de Europa Occidental, estas regiones enfrentan mayores dificultades para adoptar tecnologías limpias. Las ayudas públicas para la compra de camiones eléctricos están mal distribuidas y los precios energéticos son altamente variables.

Reclaman medidas que igualen las condiciones para la modernización del transporte.

El sexto punto plantea una reorientación de la recaudación fiscal. Aunque los impuestos y peajes han aumentado, los ingresos no se han reinvertido proporcionalmente en el sector del transporte por carretera. Lamentan que parte de esos recursos se destinen a otros ámbitos como el ferroviario, lo que frena la innovación y reduce las inversiones en sostenibilidad.

Como séptima medida, instan a acelerar el desarrollo de infraestructuras energéticas. Pese al objetivo de emisiones netas cero, la infraestructura para energías verdes y combustibles renovables está muy por detrás de lo necesario. Proponen fomentar combustibles alternativos como el HVO, bioGNL o e-combustibles junto a la electrificación directa, y piden políticas fiscales inteligentes para impulsar su producción y distribución.

Por último, subrayan la necesidad de garantizar el suministro energético ante crisis. La guerra en Ucrania reveló la vulnerabilidad energética de Europa. Plantean que los Estados asuman un mayor papel en la seguridad del suministro, mediante la ampliación de capacidades de almacenamiento de combustibles, mejora del transporte ferroviario y portuario, y producción nacional de biocombustibles con materias primas europeas. Consideran que la falta de electricidad también debe formar parte de los escenarios estratégicos ante emergencias.

A pesar de reconocer el valor del Pacto Industrial Limpio de la Comisión Europea, que pretende combinar descarbonización y competitividad, los firmantes advierten que las medidas actuales no reflejan suficientemente las especificidades del transporte por carretera. Denuncian una falta de apoyo adecuado a la transición en este sector, especialmente en lo que respecta a la viabilidad económica, la coordinación regulatoria y el desarrollo tecnológico.

Con este llamamiento, UETR y las demás organizaciones ofrecen una hoja de ruta concreta y viable. El objetivo es construir una industria europea del transporte más fuerte, más ecológica y capaz de liderar la transformación hacia una economía neutra en carbono sin perder su capacidad productiva.