Más de 50 estibadores portuarios de España se concentraron ayer junto a delegaciones de Francia, Chipre, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Bélgica en la Plaza del Municipio de Lisboa en apoyo a la manifestación convocada por los trabajadores portuarios portugueses, para protestar contra la nueva Ley del Trabajo Portuario que ayer votó el Parlamento luso.

Una representación de los manifestantes se reunió con el Gobierno portugués y le hizo entrega a Assunçao Esteves, presidenta de la Asamblea, de un escrito con sus peticiones.

Dichas peticiones se centran en tres aspectos fundamentales: la garantía de la continuidad de todos los puestos de trabajo; formación continua para hacer frente a los procesos de automatización que empiezan a vivir los puertos europeos y la inversión constante en prevención, con el fin de reducir al máximo los accidentes laborales.

La norma votada la pasada semana pretende eliminar a los estibadores de los trabajos de almacén y de conducción de vehículos pesados, ya que dejan de considerarse como labor portuaria. Los sindicatos advierten de que el cambio legislativo derivará en el despido de casi la mitad de los actuales empleados, que serán sustituidos por mano de obra precaria y escasamente formada.

Fuentes sindicales afirmaron que los estibadores europeos están decididos a tomar la iniciativa ante cualquier intento de modificar la legislación comunitaria. En ese sentido, desde IDC se hacía público el pasado viernes lo que ya avanzó esta publicación en su edición del pasado 21 de noviembre, y es que el próximo 11 de diciembre se reunirán en Barcelona más de 100 delegados de los principales puertos en la Conferencia de Estibadores Europeos. Para esta ocasión, el IDC contará con el apoyo de la ETF, la sección europea de la ITF, lo que garantiza la presencia en la Conferencia de delegaciones de los puertos de Amberes y Rotterdam, con una larga trayectoria de luchas sindicales a sus espaldas.

La cita de diciembre servirá también para poner sobre la mesa la necesidad de contar con los trabajadores en cualquier intento de modificar las legislaciones que les afectan.