Más tiempo para argumentar jurídicamente las razones por las que la actual Ley de Puertos vigente en España no debería cambiarse. Esto es lo que ha conseguido la delegación española que se trasladó ayer a Bruselas a conocer los pormenores del Dictamen de la Comisión Europea sobre el mercado de la estiba en los puertos españoles.

Fuentes del encuentro consultadas por esta publicación reconocieron que la Dirección General de Movilidad y Transportes de la CE, que dirige Dimitris Teologitis, mantiene su argumentario liberalizador: exige a España libertad de contratación y de no haber una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno de España (que es quien debe pedir oficialmente la prórroga y argumentar las razones que sustenten esta petición), acudiría al Tribunal Europeo.

Aunque el encuentro se desarrolló bajo un ambiente “de cortesía”, no hubo cambios en la postura de los representantes de la Comisión.

La CE trasladó a Puertos del Estado, ANESCO y sindicatos de la estiba lo que ya se sabía: El Real Decreto 2/2011 rompe el Tratado de la Unión Europea en cuanto a libertad de establecimiento, a pesar de que el mismo Teologistis reconoció que las cifras de los puertos españoles son positivas y que es un sistema que funciona. Para la delegación española, sobre todo para las fuerzas sociales, implantar la libertad de contratación supondría “poner patas arriba el sistema portuario español”. Se recordó a la Comisión Europea que España lleva ratificando el Convenio 137 de la OIT -que otorga prioridad a los estibadores portuarios para trabajar en los puertos-, un argumento rebatido por el propio Teologitis al matizar que si bien España lo ha ratificado, hay países en Europa que no lo han hecho.

España puso encima de la mesa la posibilidad de que con la libertad de contratación peligren unos 7.000 puestos de trabajo en los puertos españoles, algo que aumentaría la conflictividad en las dársenas españolas, “un argumento que parece no han tenido en cuenta en la Comisión Europea”, reconocen las fuentes consultadas. También se recordó a la Comisión Europea que en España los puertos son de interés general, que las empresas cuentan con libertad a la hora de prestar servicios y que son las propias Autoridades Portuarias (esto es, el sector público) las que conceden las licencias para prestar dichos servicios.

Pools
Uno de los argumentos de la Comisión Europea para instar al cambio en el sistema de la estiba en España es el de la existencia de un único pool y de la obligatoriedad de acudir a él para prestar el servicio. “Instaurar la libertad de contratación supondría que habría empresas que trabajarían con dicho pool, y otras que emplearían a trabajadores no adscritos a él, con las consecuencias negativas que tendría esto para la calidad del servicio que se presta”, afirman las fuentes consultadas.

Además, desde España se recordaba a la Comisión Europea que ya ha habido tres reformas de la legislación portuaria, “la última de ellas bastante liberalizadora y con el consenso de las dos grandes fuerzas polítcas”. Este extremo fue reconocido por la CE, aunque mantuvo que “debemos dar salida a la denuncia presentada”.

A partir de ahora, se abre un largo proceso. Las fuentes consultadas confirmaron que en el encuentro de ayer se mantuvo la unidad de la delegación española, una unidad que “puede ayudar a la hora de presentar los argumentos jurídicos y mostrar una postura coherente frente al tribunal. Si hacemos bien las cosas, podemos ganar”, afirman estas mismas fuentes.

En ese sentido, la parte social ya ha mostrado todo su apoyo a Puertos del Estado en el caso en que se decida defender la legislación española tal y como está.

Encuentro sindical
Tras la reunión de ayer, los sindicatos acordaron mantener el próximo 11 de diciembre en Barcelona un encuentro de carácter internacional entre el IDC (International Dockworkers Council) y el ITF (International Transport Workers Federation) para aunar posturas y buscar una respuesta unitaria al Dictamen de la Comisión.