El Pleno del Parlamento Europeo rechazó ayer de manera definitiva la Directiva de Acceso a los Servicios Portuarios que en los últimos meses ha provocado numerosos paros en los puertos europeos y el rechazo de los sindicatos más representativos de la estiba.

El pasado lunes se iniciaron los trámites definitivos del texto en el Parlamento Europeo y para ayer jueves se fijó la fecha de votación de la nueva normativa, que, de haberse aprobado, tendría que ser adaptada a las normativas de los países miembro en un plazo de dos años.

El Pleno rechazó ayer por 209 votos a favor, 229 en contra y 16 abstenciones el texto de compromiso del comité de conciliacion sobre la directiva que abría los servicios portuarios a la competencia. Como consecuencia de estos resultados el texto no entrará en vigor, siendo este el tercer texto del comité de conciliación que rechaza el Parlamento Europeo.

Esta Directiva surgió con el objetivo fundamental de permitir a los operadores de servicios portuarios competir en este mercado, terminando con los monopolios. Actualmente, las disposiciones sobre competencia en el emrcado de servicios portuarios varían entre estados miembros e incluso en el seno de cada país. En muchos puertos, de hecho, todavía existen restricciones de acceso y el personal está contratado por la autoridad portuaria, que suele ser pública. Sin embargo, se muestra una tendencia progresiva en todos los países miembro hacía unos servicios prestados por operadores privados. En este sentido, el texto rechazado permitía la autoasistencia, es decir, que las actividades de carga no las efectúe el pesonal del puerto, sino del buque, pero sólo en aquellos casos en que se trate de personal embarcado y con material de la naviera. Precisamente, este punto era uno de los que más preocupaba a los estibadores, pues temían la pérdida de empleos en el sector y un riesgo para la seguridad si se contrataba personal menos cualificado o con menos protección social para estas operaciones.

Otro de los objetivos de la Directiva era el establecimiento de competencia leal entre puertos de la Comunidad figuraba entre los objetivos de la Directiva, como había solicitado el Parlamento, que había alertado de que no bastaba con incrementar la competencia en el seno de un puerto si no se evitaban las distorsiones generadas por las ayudas estatales que reciben algunos puertos. En este sentido, se preveía que se informara sobre las relaciones financieras existentes entre puertos y prestadores de servicios y entre puertos y autoridades portuarias.

En otro orden de cosas, los servicios portuarios podían estar sujetos a un sistema de autorización previa por un período limitado si así lo deseaban los estados miembros. Los criterios para la concesión de autorizaciones debían ser transparentes, no discriminatorios, objetivos, pertinentes y proporcionados.