Los trabajadores de ENAPU llevaron a cabo el pasado miércoles 14 de septiembre una jornada de huelga en protesta por el proceso de privatización impulsado desde el Gobierno.

El paro fue apoyado, según IDC (Consejo Internacional de Trabajadores portuarios), por numerosos colectivos del país andino, como sindicatos, partidos políticos y entidades civiles, que mostraron su apoyo a los trabajadores. la joranda de huelga tuvo un notable seguimiento en las terminales portuarias de Paita, Salaverry, Chimbote, El Callao, Pisco, Ilo e, incluso, Iquitos, en el interior de la selva peruana.

La decisión de los trabajadores de manifestarse el pasado 14 de septiembre viene motivada , según señala IDC, como consecuencia de una decisión del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynsky, quien aprobó un decreto ley en el que abría la puerta a la inversión extranjera a través de un organismo, Pro-Inversión, que él mismo preside. Para los sindicatos convocantes, esta decisión rompe un acuerdo nacional, reflejado en la Ley de Puertos, que encarga esta función a ENAPU, organismo que dispone de recurso propios, pero al que se le deniega la inversión en el puerto del Callao, situado junto a la capital, Lima.

La lucha de los trabajadores peruanos se centra, en síntesis, en que ENAPU siga siendo el eje a través del que se gestione el uso público de las infraestructuras portuarias. Para ello, deberán enfrentarse al Gobierno de Alejandro Toledo, uno de los más impopulares de la zona, pero ya han anunciado que, de no ser escuchados, se repetirán las movilizaciones.

FEMAPOR
Desde la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú (FEMAPOR), organización afiliada al IDC, se recuerda que la modernización de los puertos no sólo debería centrarse en los casos de El Callao, Paita e Ilo, sino que debería abarcar a la totalidad de los muelles peruanos. Para FEMAPOR, además, cobra especial relevancia la preocupación por los derechos laborales de los trabajadores: sus condiciones económicas, la continuidad y estabilidad del empleo, la defensa de los derechos adquiridos y la prevención de accidentes mediante una adecuada política de seguridad laboral.