Queda poco más de un mes para que la Unión Europea se enfrente de hecho a la mayor ampliación de sus cincuenta años de historia con la adhesión de diez nuevos países.

No sólo se incrementará en unos 75 millones de personas la población de la UE, sino que se establece un hito importante con la incorporación de gran parte de lo que fuera la Europa comunista.

El proceso de adecuación de estos diez países, con economías y realidades muy diferentes, ha sido intenso en los últimos meses y ha exigido el esfuerzo de estos diez países para adecuar sus condiciones al marco establecido por la Unión Europea.

La pasada semana, el Parlamento Europeo aprobó una resolución por 382 votos a favor, 17 en contra y 14n abstenciones en la que se constatan los progresos de los nuevos miembros y se expresa la satisfacción por la inminente adhesión y el respaldo de la opinión pública observado en los referéndum en los nuevos países. En este sentido, y en lo que se refiere a la legislación comunitaria el Parlamento destaca los avances y asegura que las reformas han tenido lugar a una escala importante, aunque advierte de una gran laguna en su aplicación en sector importantes. Entre ellos, la seguridad alimentaria, deficiencias en los sistemas de pagos, corrupción en las administraciones públicas y retrasos en la legislación medioambiental son algunas de las preocupaciones expresadas por la Cámara.

Deficiencias
En concreto, la Cámara identifica la seguridad alimentaria como fuente de posibles problemas.

De hecho, alerta de que los consumidores de los actuales estados miembro se encuentran especialmente preocupados por la seguridad de los alimentos que entran en el mercado interior procedentes de los nuevos estados. Además, reconoce que persisten las deficiencias en los controles veterinarios en algunos países por lo que insiste en la necesidad de acometer “procesos urgentes”.

En cuanto a la corrupción en las administraciones, la necesidad de mejoras en el ámbito de la administración y la justicia son otras recomendaciones del informe, ya que son esenciales, entre otras cosas, para la aplicación de la política estructural y agrícola. En este sentido, la corrupción generalizada en el sector público genera una gran preocupación.

Finalmente, el Parlamento pide a los estados miembros que supriman de manera definitiva esas barreras a la libre circulación de personas tan pronto como sea posible.