La IRU celebra la votación del Parlamento Europeo para agilizar la prórroga de las exenciones de peaje para vehículos pesados (HDV) de cero emisiones en virtud de la Directiva Euroviñeta. De confirmarse, la medida prolongará la exención actual desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2031, lo que proporcionará una seguridad financiera crucial a los operadores que invierten en tecnología de vehículos limpios.

La IRU reconoce la votación del Parlamento para acelerar la extensión de las exenciones de peajes para los vehículos pesados de cero emisiones como un paso importante para apoyar la transición de la industria, pero advierte que las medidas voluntarias por sí solas son insuficientes para impulsar la adopción a gran escala de vehículos de cero emisiones.

Raluca Marian, directora de la IRU para la UE , afirmó: «El Parlamento Europeo ha enviado un buen mensaje a la industria: se puede incentivar el uso de vehículos de cero emisiones. La ampliación de la exención aporta seguridad jurídica a los operadores, teniendo en cuenta que los vehículos de cero emisiones siguen siendo entre dos y tres veces más caros que los modelos diésel».
Lamentablemente, los Estados miembros siguen teniendo la libertad de optar por no aplicar la exención y, en el marco actual, solo unos pocos la han aplicado. Así pues, sí, hay esperanza y claridad jurídica, pero aún no hay coherencia a nivel de la UE.

Además, para que las flotas de la UE sean verdaderamente ecológicas, son esenciales medidas más amplias, como reinvertir los ingresos de los peajes de CO2 directamente en el transporte por carretera, en lugar de distribuirlos entre los presupuestos generales o transferirlos a otros modos de transporte, y ampliar el apoyo a otras tecnologías de descarbonización de eficacia probada, como los combustibles neutros en CO2.

La IRU insta a la Comisión Europea a presentar una revisión más exhaustiva de la Directiva Euroviñeta, que incluya: asignación temporal de los ingresos relacionados con el CO2 para apoyar los esfuerzos de descarbonización del transporte por carretera; evitar la doble imposición, cobertura de combustibles neutros en CO2 y facilitación administrativa, es decir, reconocimiento mutuo de las clases de emisiones de CO2 en toda la UE, en función de la clasificación del Estado miembro en el que esté matriculado el vehículo.