La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) tiene previsto realizar alegaciones a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia que prevé el abandono del proyecto de Acceso Norte al puerto de Valencia.

Esta infraestructura la reclaman desde finales de los ochenta las empresas que operan en el puerto, los sectores exportadores, la Autoridad Portuaria y la propia CEV. Para la patronal valenciana, la ausencia de este acceso directo supone para las empresas un incremento de costes de transporte y competitividad y limita la capacidad exportadora de sectores más sensibles al precio.

La CEV estima que las consideraciones esgrimidas por la Concejalía de Desarrollo Urbano para revisar el Plan y excluir este acceso vital para la competitividad de la economía valenciana aluden a la supuesta “inviabilidad” del proyecto y carecen de fundamento. La CEV recuerda que el desarrollo de este proyecto, ligado a un Puerto de la Red Europea de Transportes, podría contar con fondos europeos y se basaría en un modelo de financiación público-privado.

En cualquier caso, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, demanda apoyo institucional y político para llevar a cabo aquellas infraestructuras e inversiones que, como esta, ayudan a mejorar la competitividad de las empresas valencianas.

El presidente de la CEV recuerda, además, que el transporte ferroviario que impulsan diferentes administraciones como alternativa al rodado, nunca podrá sustituir, por cuestiones de operatividad logística y volumen de mercancías, al transporte por carretera.

Lo cierto es que la decisión del actual equipo de Gobierno del ayuntamiento de Valencia es un ladrillo más en el muro que se ha ido levantando en los últimos años para que esta infraestructura no se lleve a cabo. Históricamente, el Acceso Norte al puerto ha sido una reivindicación que año tras año empresarios y gestores del puerto de Valencia han hecho suyas.

Arturo Virosque, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia entre 1995 y 2010, convirtió el Acceso Norte en uno de sus caballos de batalla. Lo reclamó tanto a gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista, encontrando siempre la misma respuesta. El elevado coste del proyecto siempre enfrentaba a la administración central con la autonómica, fueran o no del mismo signo político.

En los últimos tiempos, siendo Mario Flores conseller de Infraestructuras, se hablaba ya de colaboración público-privada, aunque también de un coste total de 800 millones de euros.
La crisis relegó al fondo del cajón este proyecto, que quedó aún más sepultado tras la apuesta de los últimos años del Ministerio de Fomento por los accesos ferroviarios.