Tras analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio en la actividad empresarial, la CEV considera que, aunque las medidas adoptadas por el Gobierno suponen un avance, existe margen de mejora para reforzar su eficacia y alcance en un contexto de elevada incertidumbre internacional.

El análisis de la CEV, presentado en la reunión del Comité Ejecutivo y Junta Directiva celebrada en Alicante, constata que la situación está generando impactos relevantes en distintos sectores empresariales de la Comunitat Valenciana, principalmente a través del incremento de los costes energéticos, el encarecimiento de materias primas, el aumento de los costes logísticos y una mayor incertidumbre en el comercio internacional.

Entre los sectores más afectados destacan aquellos con mayor intensidad energética o mayor dependencia del transporte y de los mercados exteriores, como la industria cerámica, el transporte, la distribución, el sector primario o la construcción. En estos ámbitos, el aumento de costes está ejerciendo presión sobre los márgenes empresariales y dificulta la planificación de la actividad.

El análisis también apunta a que, en un escenario de prolongación del conflicto, estos efectos podrían intensificarse y trasladarse con mayor amplitud al conjunto de la economía, condicionando tanto la actividad como las decisiones de inversión.

Para mitigar esta situación, las organizaciones sectoriales proponen que se activen medidas centradas en cuatro ámbitos principales: apoyo mediante ayudas directas y medidas fiscales para compensar el aumento de costes energéticos; refuerzo de la liquidez empresarial; impulso a la internacionalización y competitividad exterior, y simplificación administrativa y reducción de cargas regulatorias.

Margen de mejora
En paralelo, la CEV ha evaluado las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado recientemente por el Gobierno para hacer frente a esta situación.

Al respecto, considera que suponen un avance significativo, pero ni su contenido aborda de forma completa el conjunto de necesidades identificadas por el tejido empresarial ni sus dotaciones resultan suficientes para compensar los sobrecostes que las empresas van a tener que soportar.

En el ámbito energético, aunque se introducen rebajas fiscales y ajustes en costes regulados, no se contempla un sistema de ayudas directas generalizadas que permita compensar de forma integral el incremento de costes en el conjunto del tejido empresarial.

Asimismo, las medidas fiscales adoptadas se concentran fundamentalmente en el ámbito energético, sin extenderse a una reducción más amplia de la carga fiscal empresarial. En materia de competitividad, las actuaciones incluidas tienen un carácter principalmente estructural, centrado en la transición energética, y no abordan de forma directa las necesidades más inmediatas derivadas del aumento de costes.

En el ámbito internacional, el apoyo se limita a actuaciones puntuales, sin incorporar instrumentos más amplios orientados a reforzar la presencia exterior de las empresas o a facilitar su adaptación a los cambios en las rutas comerciales.

Por otro lado, aunque se han adoptado algunas medidas de simplificación administrativa, especialmente en el ámbito energético, su alcance no es generalizado. El informe destaca, en todo caso, el carácter ágil de algunas ayudas, como las vinculadas al gasóleo profesional, como ejemplo de buenas prácticas que podrían extenderse a otros instrumentos.

A la vista de todo lo anterior, y teniendo en cuenta que una parte relevante de las medidas planteadas por la CEV no han sido incorporadas o lo han sido de forma parcial en el Real-Decreto ley 7/2026, la Confederación continuará insistiendo, en función de la evolución y duración del conflicto y de sus repercusiones sobre sobre la economía, en la necesidad de ampliar el alcance de las medidas adoptadas, tanto en términos de cobertura como de dotación económica.

Asimismo, se trasladará a la Generalitat Valenciana la conveniencia de activar medias
complementarias de apoyo al tejido productivo, que incluyan ayudas directas, instrumentos de carácter fiscal y mecanismos de apoyo a la liquidez empresarial, a través, entre otros, del IVACE+i, el IVF y de Afín-SGR, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta de las empresas ante un contexto de elevada incertidumbre.