La CEV reafirmó su apuesta por el modelo de colaboración público privado en un momento en que, sin razones objetivas, es puesto en cuestión por determinados sectores de la administración pública. En opinión de la CEV, este modelo contribuye a una gestión más eficiente de los servicios públicos, aporta una mayor flexibilidad e innovación, y permite que los servicios públicos, en un contexto de recursos escasos, se presten en mejores condiciones a toda la población y a todos los territorios.
En concreto, la CEV considera que el modelo de gestión integral de servicios sociales (residencias o centros de día, de personas mayores, discapacidad o salud mental), de titularidad pública y gestión privada, lleva funcionando más de 30 años y, en la Comunitat Valenciana, ha supuesto un ejemplo de colaboración público privada, eficiente y de calidad para las personas usuarias.
A pesar de ello, en los últimos años se ha cuestionado este modelo de colaboración y se ha puesto en marcha un proceso de reversión de las concesiones de servicios públicos a empresas privadas.
En esa línea, el Anteproyecto de Ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2019 continúa el proceso de reversión de centros de diversidad funcional (centros para personas con discapacidad o problemas de salud mental) a la gestión directa por la administración, alegando que no resulta conveniente para el interés público la gestión indirecta de este tipo de servicios, por la vulnerabilidad de las personas atendidas.
La CEV recuerda que en la gestión indirecta de los servicios públicos es la administración la responsable de arbitrar los mecanismos que garanticen la transparencia, el control y el seguimiento de estas concesiones. Por su parte, las empresas concesionarias están prestando los servicios con calidad, eficiencia y satisfacción de sus usuarios. En este sentido, no se puede utilizar la vulnerabilidad de las personas atendidas como argumento para justificar la exclusión de la iniciativa privada en la gestión de los servicios públicos.
Además, a la vista de la demanda actual, de la evolución demográfica a medio y largo plazo, de las restricciones presupuestarias y la abultada deuda pública, resulta imprescindible, por el interés general, que se continúe apostando por el modelo de colaboración público privada en la gestión de los servicios públicos fundamentales en general y en los servicios sociales en particular.
Por todo ello, la CEV rechaza la reversión de la gestión integral de centros de diversidad funcional y solicita que se lleven a cabo las modificaciones legales necesarias para su retirada.
Los órganos de gobierno de la CEV han aprobado hoy la propuesta de CEV Alicante y CEV Valencia para la designación de vocales en los órganos de representación de ambas provincias.
Incorporaciones
El comité ejecutivo y la junta directiva aprobaron la incorporación de tres nuevas asociaciones, la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA); la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia) y la Confederación de Empresarios Turísticos de la CV (CET-CV), y de cuatro nuevas empresas: Caja Rural Central S.C.C.; DURAN y DURAN Abogados; BP OIL España S.A.U. y Unión de Mutuas.
Con estas últimas incorporaciones, la CEV suma ya en su base a 128 empresas y 135 asociaciones y federaciones, 55 de ellas autonómicas, que representan, a su vez, a 540 asociaciones empresariales.
Por último, los órganos de gobierno de la CEV han aprobado hoy la nueva imagen de la organización autonómica*. El nuevo logotipo responde a la nueva realidad de la confederación: una organización autonómica, integradora, colaboradora y participativa.
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