En dicho encuentro, inaugurado por la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, Cristina Moreno, intervinieron el presidente de la CEV, Salvador Navarro, el profesor del Instituto de Empresa, Fernando Amigo, que abordó en su ponencia los retos y oportunidades que tienen los autónomos; y Vicente Guarch, representante territorial de Fundación MAPFRE en Valencia, encargado de presentar la Guía para la protección del trabajo autónomo.

Instantánea de la jornada

En la apertura de la jornada Salvador Navarro, destacó que las dificultades y riesgos inherentes a cualquier actividad empresarial se subrayan en el caso de los autónomos, “desde la financiación a la morosidad, desde las cuestiones fiscales o los costes laborales a las cuestiones tecnológicas, de gestión, normativas, de formación o de protección y previsión”, por ese motivo, ha asegurado, es necesario “protegerle y defenderle tanto o más que al general de las empresas, porque son clave en nuestro tejido económico”.

Comunidad Valenciana
En la Comunitat Valenciana hay 342.081 personas que cotizan por el RETA, que representan el 10,6% del total nacional, de los cuales el 56% son trabajadores autónomos personas físicas (9,7% del total nacional), una proporción menor que la media a nivel nacional (-11,5%).

El resto, un 44%, son autónomos integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades societarias, colaboradores familiares o parte de algún colectivo especial de trabajadores, esta proporción supone un porcentaje significativamente mayor que la media nacional (14 puntos por encima).

El perfil mayoritario del autónomo valenciano se encuentra en el sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón de 40-54 años (importante presencia 25-39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización.

Según algunas encuestas recientes en la Comunitat Valenciana y en el resto de España, el clima de negocio es percibido como positivo, aunque no se considera del todo satisfactorio.

Sin embargo, existen una serie de aspectos que preocupan a este colectivo como el acceso a instrumentos de financiación, subvenciones y ayudas, necesarias para la innovación y la apertura de nuevas líneas de negocio; la formación y profesionalización como elementos importantes para la mejora del rendimiento y la competitividad.

Además, preocupa la morosidad (pública y privada), así como las trabas administrativas y legales, para asegurar la continuidad del negocio y la estabilidad en el empleo.

La equidad en el tratamiento laboral de la actividad y las prestaciones sociales (inactividad, pensiones, etc.). Por último, el proceso de digitalización de sus empresas motivado por el intenso ritmo de innovación tecnológica, que es quizá el reto más relevante y difícil de abordar.