Tras analizar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno, desde UGT-PV, CCOO PV y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) valoraron de forma positiva la presentación de una propuesta de cambio de modelo de financiación, así como el avance que supone respecto al modelo actualmente vigente. Sin embargo, también advirtieron que no garantiza una solución definitiva a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana.

De acuerdo con las estimaciones hechas por el Ministerio, la Comunitat Valenciana podría disponer en 2027 de un incremento de recursos cifrado en torno a 3.669 millones de euros en comparación con el monto que ha asignado el sistema actual en la liquidación de 2023. Este aumento potencial de financiación podría traducirse en una mejora sustancial de los recursos disponibles, condición necesaria para reforzar el estado del bienestar, los servicios públicos y para apoyar de manera más eficaz al tejido productivo valenciano.

No obstante, los agentes sociales consideraron que, pese a los avances técnicos que incorpora la propuesta, el nuevo modelo debe ser perfeccionado para cumplir plenamente su objetivo de equidad y justicia con la Comunitat Valenciana. En este sentido, hicieron suyas las consideraciones formuladas por la Comisión de Expertos y señalaron dos cuestiones clave que deben abordarse en el proceso de negociación.

En primer lugar, es necesario que hasta que el cambio sea una realidad se cree un Fondo de Nivelación Transitorio, con recursos adicionales para las autonomías infrafinanciadas como la valenciana, evitando que se perpetúe durante más tiempo la situación de desigualdad que padece la Comunitat Valenciana.

En segundo término, se subrayó la necesidad de afrontar el saneamiento de la deuda autonómica, reclamando la condonación de parte de la deuda histórica generada por años de infrafinanciación.

Sin esta medida, una parte de los nuevos recursos deberá destinarse al pago de intereses derivados de un sistema injusto, en vez de orientarse a inversión productiva y a mejorar los servicios públicos.

Dada la magnitud del reto y sus implicaciones para la cohesión social y el desarrollo económico, CEV, UGT-PV y CCOO PV instaron a todas las fuerzas políticas a abandonar posiciones maximalistas y a asumir un ejercicio de responsabilidad.

Los agentes sociales expresaron su confianza en que se abra ahora un debate sereno, riguroso y constructivo. El marco parlamentario y el diálogo con las comunidades autónomas deben servir para perfeccionar el sistema y alcanzar consensos que, desde la solidaridad interterritorial, garanticen a todas las CCAA el trato equitativo que la sociedad y su economía necesitan.

En el caso particular de la Comunitat Valenciana, y según las organizaciones, resulta imprescindible que el nuevo modelo parta del reconocimiento explícito de su situación singular de infrafinanciación estructural, ampliamente acreditada por los datos y por los informes técnicos. Cualquier reforma que no garantice, desde su entrada en vigor, una financiación que nos sitúe en la media por habitante ajustado, consolida las desigualdades que lastran la competitividad económica, la cohesión social y la calidad de los servicios públicos en la Comunitat Valenciana.