La reforma del sistema de financiación autonómica no puede seguir aplazándose. Así lo han defendido los órganos de gobierno de la CEV reunidos ayer, tras insistir en que la Comunitat Valenciana lleva años reclamando una solución estructural a un modelo que, según todos los informes técnicos —AIReF, FEDEA, Ivie, Comisión de Expertos—, la sitúa como la peor financiada del conjunto del Estado.

La Comunitat es la única autonomía que, siendo más pobre que la media, recibe una financiación por habitante ajustado nueve puntos por debajo de la media. Además, según el último informe del Ivie, tanto la presión fiscal como el esfuerzo fiscal están por encima de la media. De hecho, su presión fiscal equivale al 107,8 % de la media estatal, y su esfuerzo fiscal es el más alto del país, por encima de comunidades como Cataluña o Madrid. Esta situación, además de insólita, es injusta e insostenible.

En este contexto, el Gobierno de España ha autorizado al Consell a endeudarse en 1.816 millones de euros más con el fin de atender los pagos a proveedores. Una medida necesaria dadas las tensiones de tesorería que derivan de la infrafinanciación, pero que no deja de ser una medida transitoria que eleva la deuda acumulada y no resuelve un problema estructural que pone en riesgo la equidad entre territorios y la calidad de los servicios públicos.

Problema estructural: infrafinanciación.

Les Corts aprobaron por unanimidad una reforma del modelo actual que garantizaba que la Comunitat recibiera unos recursos acordes con la población ajustada. Y recientemente el Ivie ha analizado la extensión del modelo de financiación singular planteado a Cataluña al resto de Comunidades Autónomas de régimen común; una alternativa que también mejoraría la autonomía financiera, sin romper la solidaridad interterritorial, y beneficiaría a la Comunitat Valenciana con respecto a su situación actual.

Es decir, las propuestas para reformar el sistema existen, y deberán valorarse todas, sin excepción, pero el foro legítimo para debatir los cambios no debería ser otro que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades.

La Comunitat Valenciana ha planteado propuestas viables, ha participado de los consensos institucionales y ha defendido siempre una reforma del sistema desde la multilateralidad. Los órganos de gobierno de la CEV entienden que la solución no pasa por la bilateralidad o por crear excepciones, sino por reformar el sistema común con criterios técnicos, objetivos y desde el consenso de todas las regiones implicadas. Lo que corresponde ahora es abrir un proceso ordenado, transparente y con base técnica, que permita corregir los desequilibrios del modelo actual y establecer un nuevo marco estable, suficiente y equitativo para el conjunto del Estado y de sus regiones, tanto desde el punto de vista de la fiscalidad como de las repercusiones que a nivel macroeconómico puedan suponer estos cambios.

Desde la CEV se lamenta que, a pesar de ser un asunto clave a nivel nacional, la financiación autonómica se haya convertido en objeto de confrontación política, impidiendo los avances que la sociedad valenciana demanda con urgencia. Resulta preocupante constatar cómo los principales partidos mantienen posiciones irreconciliables que bloquean cualquier posibilidad de diálogo riguroso, constructivo y orientado a la búsqueda de consensos. Esta dinámica no solo impide alcanzar los acuerdos necesarios para articular una reforma inaplazable del modelo de financiación, sino que alimenta el creciente malestar ciudadano.

“Lamentamos que, a pesar de la situación, la sociedad valenciana no haya sabido abrir debates sobre este tema en clave nacional. Pero resulta aún más preocupante que, como país, sigamos sin ser capaces de articular una reflexión rigurosa, serena y con visión de futuro, a la altura del desafío que tenemos por delante”, ha concluido el presidente de la CEV, Salvador Navarro.