La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) celebró su Asamblea General anual, en la que, entre otras actividades, se ha analizado el entorno geopolítico en el que operan las empresas.

La Asamblea se ha clausurado con la intervención del presidente de la CEV, Salvador Navarro, que ha tenido unas palabras de recuerdo hacia el vicepresidente de la CEV, Miguel Burdeos, y el resto de víctimas de la DANA. Una tragedia que, en palabras de Navarro, “nos ha unido más”. En este sentido, ha agradecido la colaboración de las empresas, canalizada a través de la Fundación CEOE, ha denunciado la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros “que dejó mucho que desear especialmente en lo que respecta a la rapidez de respuesta”, y ha apuntado a la “crispación política” como “la principal barrera para la reconstrucción”.

De hecho, el presidente de la Confederación ha lamentado que se haya priorizado la estrategia política sobre cualquier otra cosa y que las descalificaciones y la polarización hayan servido como justificación para que el Gobierno de España no ofreciese respuestas más contundentes ante la DANA. “Como consecuencia de ello, los valencianos seguimos sin un FLA extraordinario”, ha asegurado, al tiempo que ha reclamado que “si en el pasado este recurso era necesario para compensar nuestra infrafinanciación, tras la DANA, con un mayor desequilibrio esperado entre gastos e ingresos públicos, esta necesidad incluso ha aumentado”.

Del mismo modo, ha puesto en valor el diálogo social, calificando de “preocupante” que se esté intentando “debilitar su estructura, con propuestas unilaterales o sin tener en cuenta la representatividad real de quienes estamos en la Mesa desde hace años, y se permite que así sea”.

“El diálogo social no es una opción ideológica. Es una herramienta de gobernanza inteligente”, ha apuntado el presidente de la CEV, quien lo ha ejemplificado con el pacto de los ERTEs, la activación de ayudas, la protección del empleo y el mantenimiento de la paz social.

En esta línea, también se ha dirigido al Gobierno para reivindicar que se evalúe el impacto de medidas como la reducción de la jornada a 37,5 horas en las pymes. “La propuesta debe hacerse con una evaluación seria del coste empresarial, porque las empresas no son entes abstractos, son personas que generan empleo, que invierten, que asumen riesgos”.

Entre sus reivindicaciones, ha vuelto a pedir la reforma del sistema de financiación autonómica, que se garantice que las inversiones prometidas llegan y se ejecutan y también condonar la deuda provocada por la infrafinanciación. Ha señalado la necesidad de que se atienda el déficit hídrico estructural; que se invierta en los aeropuertos de Alicante y Valencia, así como en la alta velocidad o que se tomen medidas frente al absentismo laboral, y ha pedido una “simplificación administrativa radical”; incentivos claros a la inversión en I+D, energía renovable y economía circular; estrechar la unión formación-empresa; y que las empresas ganen tamaño “con fusiones, consorcios y proyectos tractores compartidos”.

Salvador Navarro, que ha lamentado los casos de corrupción conocidos la pasada semana, ha defendido “la mayoría empresarial que sí cumple, que sí construye, y que sí pone el bien común por delante de intereses personales”. “Las empresas que pueden participar en prácticas corruptas son una excepción”, ha afirmado. En este sentido, ha indicado que desde la CEV hay una propuesta para luchar contra la corrupción: “Ética, rechazo social a quienes incumplen, normas claras y firmes, y defensa de la independencia del poder judicial”.