La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) apoyará la candidatura presentada por Antonio Garamendi para presidir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) los próximos cuatro años. Así lo ha aprobado el Comité Ejecutivo de la CEV. Por su parte, el presidente de la CEV y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, ha querido destacar la complicada coyuntura en la que Garamendi ha ejercido su presidencia - la crisis provocada por la pandemia, la incertidumbre generada por el complejo escenario internacional o los elevados precios de la energía y de las materias primas - y ha asegurado que “la firme defensa de los intereses empresariales y la gran capacidad de diálogo demostrada por Antonio Garamendi desde que preside la CEOE le convierten en el mejor candidato a renovar en el cargo”.

Mesa del Comité Ejecutivo de CEV (Foto CEV)

Asimismo, Navarro ha confirmado que la CEV seguirá trabajando para que la voz de las empresarias y empresarios de la Comunitat Valenciana gane peso y fuerza en Madrid y mantendrá sus 30 vocalías en la CEOE.

Generar empleo
Por otro lado, el Comité Ejecutivo ha dado el visto bueno a una serie de medidas fiscales que la CEV defenderá ante la Mesa de Diálogo Social con un triple objetivo: aligerar la factura fiscal de los agentes económicos que deben seguir generando actividad económica y empleo; equiparar la carga tributaria a la vigente en otros enclaves económicos de España y de su entorno, para reducir lastres en la competitividad; y avanzar en seguridad jurídica y predictibilidad, para reducir la incertidumbre e incentivar las inversiones privadas.

Respecto a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la CEV pide que todas las administraciones trabajan de forma conjunta y coordinada entorno a una candidatura única para acoger la sede de la agencia y apoyará que Alicante sea la opción elegida.

Medidas fiscales aprobadas por la CEV
- Que en ningún caso se aprueben nuevos impuestos que castiguen al tejido productivo.
- La bonificación al 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio, siguiendo la tendencia que se está acuñando en otras CC.AA., con el objetivo de mantener la residencia fiscal de los contribuyentes de rentas más altas, así como de atraer talento y riqueza de otros enclaves económicos.

- La eliminación del IAE, al haberse quedado este tributo obsoleto en el marco de una fiscalidad moderna y gravar el mero ejercicio de la actividad económica y empresarial sin tener en cuenta el resultado de la misma, que ya viene gravado de forma ajustada por otros impuestos.

- Deflactar la tarifa autonómica en el IRPF, en aras de neutralizar los efectos acumulados de la inflación sobre presión fiscal y no lastrar todavía más las rentas. Además, a la vista de la ralentización de la economía, se propone modificar las deducciones autonómicas por adquisición y rehabilitación de vivienda, así como por mejora de calidad, sostenibilidad y accesibilidad de vivienda en este impuesto.

- Ampliar la reducción de la base imponible del 95 % al 99 % a todas las empresas familiares, independientemente de su volumen de facturación, con el fin de no penalizar la transmisión de la empresa familiar y con ello, su continuidad. También se propone ampliar al grupo III de parentesco las ventajas fiscales para la transmisión mortis causa.