El Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, presidió ayer una reunión de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, Ascer, en la que se trataron las principales preocupaciones del sector de la inminente aprobación del Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Sobre este aspecto, el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, ha manifestado que la Generalitat Valenciana respaldará al sector azulejero en las actuaciones que realice para la adaptación del sector a los compromisos establecidos en el protocolo de Kyoto.

Así se ha decidido tras la reunión mantenida entre el presidente de la Generalitat Francisco Camps, el presidente de Ascer, Fernando Diago y algunos representantes de Ascer.

El conseller Rafael Blasco, aseguró que se va intensificar la colaboración existente entre la Administración y el sector cerámico con la puesta en marcha de acuerdos puntuales para que las empresas mejoren su comportamiento ambiental. Entre ellos, el convenio suscrito el pasado mes de septiembre por el que Territorio y Vivienda avala las inversiones medioambientales que realicen las empresas del sector cerámico, lo que les permitirá desgravarse fiscalmente las inversiones realizadas en materia ambiental hasta en un 10% del total.

Con la entrada en vigor de la directiva comunitaria, fruto de la puesta en marcha del protocolo de Kyoto, se aprobará el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión mediante el que se determina la cantidad de gases de efecto invernadero que las empresas tienen derecho a emitir en función de los objetivos de su gobierno en materia de cambio climático.

Medidas
El sector cerámico, por su parte, reclama las medidas oportunas para que la entrada en vigor de la directiva no perjudique la competitividad del sector.

El Gobierno Valenciano en este sentido, se compromete a ser flexible en la aplicación de los objetivos para evitar perjudicar a un sector que emplea a apróximadamente 30.000 personas.

Entre las propuestas destaca la solicitud al Gobierno central de asignar cuotas de emisiones dentro de la Comunidad Valenciana, así como trasladar al Ministerio la posibilidad de hacer un “pool” de empresas de todo el sector y estudiar un posible plan de reducción de emisiones para el mismo, con lo que se obtendrá más operatividad y flexibilidad que de manera individualizada.

Por otro lado, se está estudiando la posibilidad de elaborar una normativa en la que se recojan las acciones necesarias para disminuir los gases de efecto invernadero en todos los sectores de la Comunidad Valenciana.